«Violación de los derechos de la vida», la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por la muerte de Marcelita Iglesias

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes al Estado argentino por la muerte de Marcelita Iglesias, la nena de 6 años que falleció el 5 de febrero de 1996 tras ser aplastada por una escultura de hierro en el Paseo de la Infanta.

“Estamos satisfechos de que pudimos cumplir con Marcela y la sentencia”, expresó Nora Ribaudo, madre de la víctima.

Conforme al fallo dictaminado el 26 de noviembre pasado, el tribunal declaró a la República Argentina responsable por «haber incumplido su deber de regular, supervisar y fiscalizar adecuadamente la instalación de una escultura de hierro» que provocó la muerte de la niña.

En este sentido, la CIDH ordenó al Estado «pagar a los padres de la suma establecida en la sentencia por concepto de gastos por tratamiento médico y psicológico» (medida de rehabilitación) y la creación de un espacio de la memoria y recreativo para la niñez y la adolescencia, en el caso de que Ribaudo y Eduardo Iglesias acepten, deberá realizarse en el plazo de dos años.

A su vez, otras de las normas establecidas en la resolución sostiene que tendrá que hacer una “compilación de la normativa aplicable en la materia objeto del caso y ponerla a disposición del público en forma permanente en el sitio web del Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (garantías no repetición), al tiempo que ordenó abonar las indemnizaciones compensatorias (cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales).

Por su parte, la abogada Laura Del Cerro conversó con NA y manifestó: “Esta sentencia es de un valor social muy importante».

La causa se inició contra Danilo Dazinger, escultor; Mauricio Lowenstein y Diana Lía de Lowenstein, dueños de la Galería Der Brücke; Nelly Perazzo, coordinadora del concurso durante el cual se construyó la obra; y tres ex funcionarios por los delitos de homicidio y lesiones culposas, pero en 2005 la jueza María Nocetti consideró que se tardó en elevar el caso a juicio, motivo por el cual dictó la prescripción.

Desde ese momento y durante años los progenitores de Marcelita llevaron a cabo diversas presentaciones para apelar el dictamen y lograr que los acusados sean juzgados, pero todas recibieron respuestas negativas.