Virtualidad o presencialidad: una falsa contradicción

Enzo Balbuena*

“Todos corrieron detrás de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad”. Así grafica Rousseau el tristemente célebre pacto que, con la engañosa premisa de una supuesta defensa de “los menos favorecidos”, dio origen a una sociedad civil profundamente desigual. En la historia, los engaños en pos de “las grandes mayorías” se detectan, por lo general, una vez que ya se han efectivizado; y muchas veces, lo que se muestra como “progreso”, es una regresión disfrazada.

En un reciente documento denominado Universidades argentinas del 2030, emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a todos los rectores y rectoras de las universidades públicas del país, se afirma “los estudiantes menos favorecidos en términos económicos pueden ver en la virtualidad una opción de mantener su trayectoria, que se vería facilitada por evitar el tiempo de traslado a la universidad, generando mayores oportunidades para cumplir con las obligaciones académicas”, que si bien no es inexacto, evade la raíz de un problema mucho más profundo.

Esto se enmarca en un contexto donde, si bien se retomó levemente la presencialidad en la Educación Superior argentina, esto se ha dado mucho más tardíamente que en el resto de los niveles educativos, y pareciera ser más bien por una especie de efecto de arrastre provocado por la opinión pública “de afuera” de la Universidad que por una discusión más propiamente pedagógica dentro de las casas de estudios, a la par de que no se conocen con exactitud cuáles son los grados de deserción durante la etapa virtual.

A su vez, son más fuertes en este nivel las corrientes que plantean la virtualización como una opción permanente para la Educación Superior, lo cual no es un debate menor ni que debe ser subestimado, porque ya existen universidades que han aprobado una virtualización progresiva de sus currículas.

Esto se asienta en el hecho de que la presencialidad también tiene problemas y falencias, pero lo que puede parecer “cómodo” puede ser en realidad atarse las manos a uno mismo. Al mismo tiempo, y como dato no menor, el fantasma del Fondo Monetario le pone medida al ajuste sobre el pueblo argentino.

El objetivo de este artículo es entrometerse en dicha polémica y abrir un debate necesario, no se busca dejar a la vista ningún “plan macabro” ni es una teoría conspirativa, sino alertar frente a un sentido común que puede engañarnos.

La profundización de las políticas de bienestar estudiantil son las maneras a través de la cual es posible profundizar la democratización de la educación superior

Durante la etapa de pandemia, han proliferado corrientes de opinión que destacan las “grandes bondades” de una virtualidad supuestamente más “inclusiva”, en detrimento de una presencialidad que ya queda en parte “anticuada” y que se vuelve “excluyente”.

La frase arriba citada del documento producido por el CIN es expresión de eso, pero como dije ahí mismo, evade la raíz de un problema muy grave y que ese propio documento reconoce: las causas del altísimo nivel de desgranamiento (la famosa “deserción estudiantil”) entre aquellos que entran y los que logran permanecer y egresar en la Educación Superior argentina.

Por eso, de arranque es necesario comprender y reafirmar el hecho de que aquello que resulta principalmente expulsivo (y que no fue la excepción en estos dos años de virtualidad) de las aulas universitarias fueron, son y serán las condiciones materiales de la vida de cada persona.

Esto no se soluciona solamente otorgando computadoras y proveyendo conectividad (lo cual también es importante y fue un problema profundo en todos los niveles educativos durante la pandemia) sino que más bien implica la solución de problemas aún más básicos para cualquier estudiante: el acceso a la comida, a un techo, a las maneras de llegar a los lugares de estudio mientras no para de caer el poder adquisitivo; así como también el empleo y la salida laboral en un país que aparece prácticamente diezmado.

La profundización de las políticas de bienestar estudiantil (los comedores, las residencias, el boleto estudiantil, entre otras) son las maneras a través de la cual es posible profundizar la democratización de la educación superior en nuestro país, y se equivocan aquellos que creen que virtualizar los procesos educativos es comparable a una especie de segundo decreto de gratuidad universitaria como el que hizo Perón en 1949.

Virtualizar, no hizo ni hará que “las universidades se llenen de hijos de obreros” sino que, por el contrario, hizo retroceder a la educación en términos pedagógicos, político-organizativos y también de inclusión.

Pedagógicamente, la presencialidad es incomparable: se presta más atención, se construyen lazos con otros y se conforma una comunidad que mejora el proceso de aprendizaje. La virtualidad fue un parche importante mientras las restricciones sanitarias imposibilitaban el encuentro presencial, pero esta fue estirada por mucho tiempo casi sin fundamento sanitario, donde era posible ir a un boliche pero no a una Facultad.

No debe verse inocentemente que muchas autoridades universitarias retardaron la vuelta porque les significaba un ahorro presupuestario así como también el evitarse problemas que eran comunes en la presencialidad. Frente a esto, existieron sectores que plantearon la idea de la salida colectiva de la pandemia, y que tomando los recaudos necesarios era posible llevar a cabo colectas solidarias, brigadas sanitarias de estudiantes colaborando en la lucha contra el Covid y por la vacunación, así como también brindar apoyo escolar en barrios populares, poniendo la universidad y los conocimientos al servicio de un pueblo con profundas necesidades, pero que ni por asomo fue la tendencia mayoritaria.

Pasado este tiempo, empezamos a ver que los efectos de la misma sobre la educación son más profundos de lo que muchos pensamos, y que volver a llenar las aulas no es algo que se dará de manera automática, sino que deberá ser prácticamente una lucha.

En este sentido, hay que destacar que en este tiempo si bien el estudiantado argentino tuvo algunos avances, hay lugares donde prácticamente se ha retrocedido en derechos básicos: comedores universitarios que permanecieron cerrados durante toda la pandemia, colectivos que conectaban barrios con facultades y que ya no circulan, cátedras que por una gran cantidad de tiempo no dictaron clases o no tomaron exámenes, o el recorte sobre el presupuesto y las becas Progresar que se plantea para 2022.

La recuperación de estos derechos será una de las bases para poder volver a llenar las aulas, que, si bien tenían muchas deficiencias antes de la pandemia, eran y son (y serán) ampliamente superiores a los ya tediosos “meets”.

La universidad como polo organizativo y de inclusión

La presencialidad es la condición para un tipo de educación necesaria en un tipo de país como el que vivimos. ¿Por qué? Porque en un país dependiente y oprimido por los imperialismos como el nuestro, no hay chance de una educación que sea liberadora y no esté atada a la dependencia atrás de una pantalla.

No quiere decir esto que deben desdeñarse las herramientas de carácter virtual, pero estas deben ser un complemento y no la base de un proceso educativo. Las Universidades argentinas, otrora polos de resistencia a las reformas neoliberales, parecen ahora (por lo que afirma el documento) promotoras de una profunda atomización del individuo que se educa, aislado de sus pares.

Y lo que es aún más grave, se promueve implícitamente una especie de categorización del conocimiento, entre algunos que aprenderían mejor (por el hecho de tener mejores condiciones materiales) y otros que aprenderían peor, ¡y todo esto en nombre de los menos favorecidos! Se puede aventurar una hipótesis: la virtualización es el paso previo a la privatización de la educación.

Y esto porque la Universidad pública (de carácter presencial) no sólo es mejor pedagógicamente y actúa como un punto de inclusión, sino que también es un polo organizativo. La defensa de la Educación Pública, en sus momentos más vulnerables, se dio con un movimiento estudiantil activo, llenando el espacio público de miles de estudiantes, docentes, no docentes y pueblo en general.

¿Cómo se resistiría “virtualmente” frente a alguien que busca imponer un arancel? No es posible defender la gratuidad y el carácter público de la educación, la autonomía de las universidades y todo lo que esto implica detrás de una pantalla o de un hashtag. Desfinanciar las universidades encontraría argumentos más fácilmente en espacio a los que va menos gente. La vida gremial y política de las universidades, muchas veces también cuestionada, ha sido una base principal en su sostenimiento, y esto es irremplazable.

La universidad como enclave geográfico

Como también afirma el documento, la política de ampliación de las universidades fue correcta y es un hecho que debe festejarse y profundizarse. Virtualizar es ir en contra de esa lógica, porque cada universidad a lo largo y ancho de la Argentina cumple un rol fundamental como polo de inclusión, de cercanía con la comunidad y también de investigación.

Si imaginamos una Universidad virtual, prácticamente es innecesario que exista (por dar un ejemplo) una Universidad de Rosario, una del Litoral, una de la Matanza… simplemente haría falta una única Universidad Argentina, en la que los contenidos sean iguales y la conexión con aquello que “rodea” a esas universidades mencionadas y sus particularidades se perdería.

Prácticamente también perdería sentido tener una gran cantidad de docentes desde la Quiaca hasta Ushuaia si quien enseña es un video, sería un “gasto excesivo”; e incluso con argumentos meritocráticos cualquiera querría acceder a “lo mejor”, al “mejor docente” y a aquella universidad que esté catalogada como “la mejor”.

Volvemos otra vez a la categorización del conocimiento (y si el conocimiento tiene categorías, éstas tendrán distintos valores). Aquello que ha dado lugar a notables experiencias de extensión universitaria donde la universidad se vincula con lo está a su alrededor, también se perdería: la investigación de los aspectos particulares de la realidad de cada punto de la Argentina quedaría a voluntad de cada investigador, y agudizaría la subordinación de la ciencia a lo que dictamine el mercado, y que en países como el nuestro, se manifiesta en una subordinación de la ciencia a las necesidades de la dependencia.

*Estudiante de Ciencia Política. Consejero Directivo de la Facultad de Ciencia Política y RRII y militante de la agrupación ALDE (UNR)