Su visita incluirá, probablemente, intercambios con el gobierno argentino sobre el devenir del resultado fiscal y sobre exigencias de reformas que el acuerdo con el organismo prevé para finales de 2026.
Kristalina Giorgieva y Luis Caputo
El 27 de julio visitará la Argentina la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La agenda de la titular del FMI incluirá reuniones con autoridades nacionales, actividades públicas y una visita a los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén.
Se presume que la presencia de Giorgieva ayudará a apuntalar la tercera revisión del Extended Fund Facility 2025 (EFF 2025), referida a las metas al 30 de junio, instancia clave para habilitar un nuevo desembolso. Pero, además, su visita incluirá, probablemente, intercambios con el gobierno argentino sobre el devenir del resultado fiscal y sobre exigencias de reformas que el acuerdo con el organismo prevé para finales de 2026.
La agenda oficial contempla reuniones con las máximas autoridades nacionales, actividades públicas y una recorrida por los yacimientos hidrocárburicos de Vaca Muerta, en Neuquén.
Sin embargo, el trasfondo técnico y político es determinante: su presencia busca encarrilar la tercera revisión del programa Extended Fund Facility 2025 (EFF 2025) sobre los compromisos al 30 de junio, un paso indispensable para asegurar un nuevo desembolso de fondos.
En este contexto, un reciente dossier elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla los cuatro frentes abiertos entre el equipo económico nacional y el organismo multilateral.
En junio, las cuentas públicas del Gobierno registraron un déficit primario de $696.843 millones, marcando el primer incumplimiento en las metas fiscales acordadas con el FMI.
Según proyecta el CEPA, si se contempla la estacionalidad habitual del gasto y los antecedentes de la gestión de La Libertad Avanza —donde dos tercios del superávit se explicaron por el rendimiento del primer semestre—, la acumulación al cierre del año rozaría los $10,5 billones. Esto dejaría al Ejecutivo con una brecha desfavorable de $5,7 billones, volviendo altamente improbable el cumplimiento de la meta anual.
El informe expone una clara contraposición entre las previsiones del FMI y el esquema oficial trazado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta divergencia traduce dos posturas estratégicas enfrentadas:
El FMI exige al Palacio de Hacienda un paquete de reformas profundas, cuyos plazos límite están concentrados sobre el cierre del año y la segunda mitad de 2027:
El cronograma de pagos con el propio organismo muestra una fuerte presión sobre las reservas internacionales para el período 2026-2029:
Los giros que el FMI girará dos veces al año cubren apenas cerca del 60% de los vencimientos por intereses, funcionando apenas como un paliativo frente a las exigencias totales de deuda del Estado.
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