Desde el pasado 1 de noviembre, el sistema rige en las reparticiones de la Administración Pública Central y a partir del 1 de diciembre lo hará en los organismos descentralizados. Los dos anexos con lo que incluye y lo que está exceptuado
El Gobierno nacional puso en marcha un cambio clave en los trámites de la administración pública, estableciendo el silencio administrativo positivo en ciertos procedimientos. Esto significa que, cuando la administración no emita una respuesta en el plazo estipulado, la falta de resolución se interpretará como una aprobación automática del trámite. La medida, que formalmente busca agilizar y digitalizar los procesos, incluye una lista de trámites específicos y excepciones detalladas en dos anexos del reciente Decreto 971/2024.
El Decreto 971/2024 introduce formalmente el silencio administrativo positivo como una alternativa para, argumenta el oficialismo, reducir los tiempos de espera en gestiones públicas. Este cambio se fundamenta en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, modificada por la Ley de Bases 27.742, en la cual se establece que la inacción de la administración será interpretada como una aprobación de ciertos trámites. Así, el ciudadano podrá continuar con su solicitud sin necesidad de una respuesta explícita por parte de las autoridades.
Sin embargo, esta modalidad no se aplicará en todos los casos: quedan excluidos los trámites relacionados con salud pública, medio ambiente, servicios públicos y derechos sobre bienes de dominio público, áreas en las cuales la ausencia de resolución no implicará una aprobación tácita.
Para implementar el silencio positivo de manera eficaz, el Gobierno exige que todos los trámites administrativos, incluidos aquellos de autorización reglada, se gestionen a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o de otros sistemas digitales propios de cada entidad. Este paso responde, siempre según el criterio del Gobierno, a un esfuerzo por automatizar y optimizar la gestión pública, asegurando que los ciudadanos puedan realizar sus solicitudes en línea sin la necesidad de acudir a una dependencia física.
El cronograma de implementación estableció que desde el pasado 1 de noviembre de 2024, el sistema de silencio positivo rige en las reparticiones de la Administración Pública Central, y a partir del 1 de diciembre de 2024 en los organismos descentralizados.
El Decreto 971/2024 se complementa con dos anexos que definen con precisión cuáles son los trámites sujetos al silencio positivo y cuáles están excluidos de su aplicación. En el Anexo I se incluyen aquellos trámites exceptuados del silencio positivo, como autorizaciones en áreas sensibles y servicios esenciales, y en el Anexo II se listan los procedimientos en los que sí aplicará el silencio positivo. Estos anexos abarcan trámites desde autorizaciones ambientales hasta registros de datos personales y permisos turísticos.
La implementación del silencio positivo promete un avance significativo para aquellos ciudadanos que esperan una respuesta ágil de la administración en sus gestiones diarias. Según fuentes oficiales, este cambio permitirá reducir los tiempos de espera, evitar la burocracia excesiva y facilitar la obtención de permisos en áreas no críticas sin necesidad de resolución explícita por parte de las autoridades.
Para los ciudadanos interesados, los anexos del Decreto 971/2024 están disponibles en la web del Boletín Oficial de la República Argentina, donde pueden consultar los detalles y verificar si su trámite aplica a este nuevo sistema.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POS… by Claudio de Moya
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