El crecimiento de familias en mora por créditos con bancos, entidades no financieras y, en el último escalón, prestamistas barriales ligados a actividades delictivas no es, como porfía el Gobierno nacional, solo un problema entre privados ni ajeno a las consecuencias de las políticas económicas. En Rosario, la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos detectó un fuerte aumento de consultas sobre el hostigamiento que sufren los deudores por parte de las denominadas agencias de cobros extrajudiciales. Llamadas a todos sus contactos, a familiares, compañeros de trabajo y otras violaciones a la privacidad de datos personales. Con esta alerta y el impulso del Concejo de Rosario, el diputado provincial del radicalismo Germán Scavuzzo presentó en la Legislatura un proyecto de ley para frenar, y sancionar, el hostigamiento como estrategia de recupero de deudas.
En la Argentina, las agencias de gestión de cobros extrajudiciales, a las que bancos o billeteras virtuales suelen vender sus carteras de moras, no tienen un marco regulatorio único o una entidad de control específica para su rubro. Esa actividad está regulada y limitada a través de la más general Ley de Defensa del Consumidor (24.240), el Código Civil y Comercial de la Nación y normativas locales específicas. El principio que rige todo ese entramado es la prohibición del hostigamiento.
Una ley específica ante un problema que se agudiza
La norma provincial que propone Scavuzzo toma algunos de esos preceptos, así como los de la la Ley Provincial 13.712 de Trato Digno ante abusos, y los profundiza en un cuerpo específico de protección. Ya está en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El proyecto regula toda cobranza extrajudicial dirigida a consumidores domiciliados en Santa Fe. Incluso, cuando el acreedor original o la agencia de cobranzas en la el primero tercerizó el cobro de deudas o le vendió esa cartera, estén radicados fuera de la provincia. Como principios, el texto prioriza el trato digno, la buena fe, la transparencia y la privacidad, además de enfocarse en las personas vulnerables.
En base a los testimonios de quienes sufren el acoso y el destrato por sus deudas, la iniciativa obliga a que en el primer contacto se informe al deudor con claridad quién reclama, en nombre de quién lo hace, cuál es el origen de la deuda y de qué manera puede impugnarse. Eso es clave porque muchos de los perjudicados por el hostigamiento ni siquiera tienen en claro quién es el acreedor original que les reclama los pagos.
El proyecto establece un límite a las llamadas o contactos por cualquier vía: no más de dos comunicaciones semanales, que se reduce a una en el caso de consumidores hipervulnerables. Por ejemplo, los mayores de 70 años, jubilados, pensionados o personas con discapacidad. También, previendo una práctica en aumento de las agencias, prohíbe los llamados entre las 20 y las 9.
Otro de los puntos que aborda la iniciativa es la utilización de bases de datos confidenciales y algoritmos para el hostigamiento a través del entorno del deudor. Prohíbe a las empresas, en ese sentido, contactar a familiares, vecinos o empleadores para exponer la deuda. Lo mismo, con los mensajes que simulan una actuación judicial inexistente para atemorizar. Son conocidas: expresiones como «embargo inmediato» o «secuestro de bienes» para falsear supuestas órdenes emanadas de tribunales que no son tales.
Las sanciones
El proyecto establece posibles sanciones por incumplimientos en orden a lo que establece la ley de defensa del consumidor. Y le asigna responsabilidades solidarias tanto a la agencia de cobros como al acreedor original: banco o entidad no financiera como las billeteras virtuales.
El primer paso es un apercibimiento. A partir de ahí, multas que van desde 0.5 al 2.100 veces la canasta básica total que elabora el Indec para un hogar tipo 3 (de cinco integrantes, hoy en 1.645.737 pesos). Esto, ahora, se traduce en montos de un poco más de 800 mil pesos hasta 3.400 millones de pesos.
En paralelo, también contempla la suspensión, por hasta cinco años y en el caso de que corresponda, de los registros de proveedores del Estado santafesino. Además, la baja de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios de los que eventualmente gocen en la provincia.
Un problema social que acelera
«Todos los días, vecinos y vecinas nos plantean una situación muy angustiante. Además de estar endeudados, tienen que soportar llamados a toda hora, mensajes que simulan actuaciones judiciales o la vergüenza de que contacten a sus familiares o a su lugar de trabajo para reclamarles», dijo en la presentación del proyecto la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck. «Esta ley pone un límite claro: una deuda puede reclamarse, pero no se puede hostigar a la persona endeudada», agregó. Porque, aclaró, un deudor no es un delincuente.
El origen de la iniciativa fue el aviso que dio el Área Financiera de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, que depende del Concejo.
El informe semestral de la Oficina, correspondiente a junio de 2026, releva 4.396 actuaciones entre diciembre de 2025 y junio de 2026, con un crecimiento interanual del 42,7%. De ese total, 1.631 expedientes correspondían al Área Financiera, que registró un aumento cercano al 60%. Allí están las situaciones de hostigamiento, que en la ciudad reproduce lo que sucede a nivel nacional y comenzó a dominar la agenda de conversación pública los últimos días.
Los datos actualizados al 21 de agosto muestran un agravamiento: sobre un total de 6.192 actuaciones recibidas por la Oficina, 2.385 corresponden al Área Financiera, casi cuatro de cada diez. Dentro de ese grupo, 1.084 casos presentan algún inconveniente relacionado con deudas, hostigamiento para su cobro o registros en bancos de datos como Veraz o la Central de Deudores del BCRA. Esto representa más del 45% de los casos del Área Financiera y el 17,5% del total de las actuaciones de la Oficina.
«Advertimos que el problema ya no es solamente la deuda, sino también la manera en que se la reclama. Una persona endeudada no pierde sus derechos ni puede quedar sometida a amenazas, intimidaciones o exposiciones frente a su familia y su ámbito laboral. Los casos que recibimos mostraron la necesidad de transformar esa preocupación cotidiana en una respuesta concreta», señaló la jefa de la Oficina de Derechos Ciudadanos, Nadia Amalevi.
Un tobogán hacia el infierno
Desde la misma área señalaron otro aspecto dramático de los casos que les llegan en Rosario: el encadenamiento de deudas. Esto es, personas que solicitan préstamos a entidades financieras para cancelar sus deudas con los bancos, y que luego, desesperadas, recurren a prestamistas informales, en muchos casos ligados a la economía del narcomenudeo, para cubrir su mora con las billeteras virtuales.
El reciente informe del Cepa (Centro de Economía Política Argentina) lo nombra «proceso de precarización del endeudamiento»: se convierte una deuda bancaria con Costo Financiero Total (CFT) de hasta 180% anual y posibilidades de renegociación, a una deuda con CFT de hasta 1375% y empresas de cobranzas o, más grave, con prestamistas que exigen tasas sin límites y formas de cobro absolutamente informales.
