Diputados convertirá en ley el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de YPF en poder de la española Repsol. Sin sorpresas en el horizonte para lograr el número, ya que la proyección de votos para podría superar los 200 a favor, el debate arrancó ayer a las 16 y pasó a un cuarto intermedio a la medianoche tras 62 discursos de oficialistas y opositores en el recinto.
Fue retomado hoy y a las 18 se espera que cierre la lista de oradores y comiencen los discursos finales de los presidentes de bloque, tal como se acordó ayer en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en la que se organizó la sesión. A tres horas de haber comenzado, más de 30 diputados ya habían hecho uso de la palabra.
En las dos jornadas de debate, las autoridades de la Cámara fueron estrictas a la hora de hacer respetar los cinco minutos que se les asignó a cada diputado para hacer uso de la palabra, por lo que si alguno se extendía se les retiraba el sonido para dar lugar al siguiente orador.
El debate arrancó con las voces del Frente para la Victoria (FPV) de los diputados María Eugenia Bernal (Jujuy) y Hernán Avoscán (Río Negro), quienes resaltaron que “la iniciativa forma parte del modelo de crecimiento con inclusión social» y que «tiene un alto valor simbólico para todos los argentinos».
Fabián Peralta, del GEN de Santa Fe, advirtió por su parte que su partido siempre acompañará las iniciativas relacionadas con una mejor presencia del Estado, aunque pidió que “el Gobierno se haga cargo de sus errores y de sus contradicciones».
A su turno, el legislador salteño Bernardo Biella (Udeso) adelantó su voto positivo «para la estatización de YPF, que entre otras cuestiones va a servir para tener más puestos de trabajo».
Desde el Frente Cívico por Santiago, Mirta Pastoriza, marcó su respaldo a la norma a partir de su convencimiento de que «la participación de la administración pública en la empresa procurará la inversión en el desarrollo de tecnología que facilite la extracción en las mejores condiciones posibles».
La voz más crítica al proyecto llegó de parte del radical Hipólito Faustinelli, quien anunció que se retirará del recinto antes de la votación por responsabilidad social y por conducta partidaria.
Por el contrario, la peronista disidente María Cristina Cremer de Busti adelantó su voto a favor porque «más allá de las diferencias existe la necesidad de un mayor federalismo y una mayor tolerancia».
A diferencia de sus compañeros de bloque, la diputada nacional Graciela Ocaña (Udeso) adelantó que se abstendrá en la votación porque su responsabilidad con quienes la votaron le impiden apoyar la iniciativa, aunque aclaró que está de acuerdo con que empresas como YPF sean parte del Estado.
Rosa Nebreda, del FPV de Córdoba, valoró el hecho de que la decisión de expropiar YPF permite a Argentina pararse en el mundo con independencia y consideró que lejos de aislar al país la coloca en una mejor posición.
Roberto Pradines, del Partido Demócrata de Mendoza, cuestionó que no se haya avanzado sobre el 100 por ciento de las acciones de la petrolera y se preguntó “por qué el proyecto oficial no menciona qué va a suceder con los trabajadores de la empresa”.
Miriam Gallardo, FPV Tucumán, justificó la expropiación al sostener que “la empresa española Repsol vació los pozos que ya estaban descubiertos, giró los fondos al exterior y a la vez se endeudaba más».
María Cristina Regazzoli, del PJ La Pampa, destacó el hecho de que el gobierno haya decidido recuperar herramientas en la gestión y la riqueza generada por los hidrocarburos para colocarlos al servicio de proyecto económico con inclusión social.
Alicia Terada, de la Coalición Cívica de Chaco, adelantó que se abstendría en la votación y consideró que “los argentinos están ante un juego perverso entre una nacionalización populista y demagógica y la realidad que dice que los recursos estratégicos deben estar siempre en manos del Estado».
Aída Ruiz, del Frente Cívico de Santiago del Estero, calificó a la resolución presidencial como «una de las políticas más trascendentes de los últimos tiempos», mientras que su par del radicalismo, Elsa Álvarez, de Santa Cruz, resaltó la posición coherente que siempre tuvo su partido respecto de YPF.
Osvaldo Elorriaga, FPV Entre Ríos, adelantó el total apoyo al proyecto oficial y evaluó que «es en buena parte un reconocimiento a todos los empleados de YPF que bajo distintos ardides han quedado afuera de la empresa en los 90″.
Paula Bertol, de PRO Buenos Aires, reiteró la negativa de su partido a apoyar la iniciativa y cuestionó “la violación de la seguridad jurídica» con la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la española Repsol.
Griselda Herrera, FPV La Rioja, dijo sentirse orgullosa de formar parte de la política oficial gracias a la cual -dijo- en cada pueblo de la Rioja está llegando la electricidad y el gas, en base a esas decisiones.
Hablaron también los diputados, Luis Sacca (UCR Tucumán), Gloria Bidegain (FPV Buenos Aires); Juan Carlos Junio (Nuevo Encuentro); y Nora Iturraspe (Unidad Popular Buenos Aires), entre otros.
Ayer, el apoyo a la ley en general fue inusitado y sin duda lo seguirá siendo hoy. Pero eso no salvó al Gobierno de un debate por momentos amargo, plagado de críticas desde todos los bloques de la oposición, incluso los que anunciaron su voto a favor en general.
El procedimiento de expropiación sin negociación con Repsol y el reparto de acciones estatizadas a las provincias petroleras con la no inclusión del resto de las gobernaciones a ese club estuvieron toda la tarde en el centro de la escena.
Por el kirchnerismo, la titular de la Comisión de Energía, Rosana Bertone, arrancó con la defensa de la ley asegurando que el Gobierno no dio señales de atentar contra la seguridad jurídica. “No hay en la decisión discriminación alguna; existe una compensación adecuada y justa, y respeto a los compromisos internacionales contraídos”, dijo.
La defensa también incluyó a Julián Domínguez, presidente de la Cámara: “Con el proyecto de ley que recupera la soberanía de la producción y comercialización de hidrocarburos, la Presidenta ha convocado a la mayoría de los dirigentes de la Argentina en el Parlamento para darle sustentabilidad a un valor que encarna el sentimiento del pueblo argentino. En los últimos nueve años vinculados a la participación en la energía eléctrica y el gas natural, nosotros pasamos de 9 millones a 11.900.000 hogares que hoy tienen energía eléctrica y de 5.800.000 vecinos que tenían gas natural pasamos a 7.300.000”.
Sin dudas, la crítica más dura contra el proyecto partió de Elisa Carrió: “Antonio Brufau y Julio De Vido deben ir presos por el vaciamiento. Estoy convencida de que hay mucha gente sentada en el bloque oficialista que no tiene nada que ver con ello. Sé que la juventud es la que menos tiene que ver. Yo estoy hablando con los adultos que matan y llevan a los chicos al matadero para que después el peronismo tradicional diga que la culpa fue de La Cámpora. Mentira. La culpa fue de los adultos que hicieron creer otra cosa”.
Así, en la sesión de ayer el centro de atención no fueron los argumentos del oficialismo, que se conocían desde que Julio De Vido y Axel Kicillof hablaron ante un plenario de comisiones en el Senado, sino las explicaciones de la oposición que apoyó la vuelta el Estado de la mayoría de las acciones de YPF, pero en algunos casos rechazando el procedimiento expropiatorio.
Sin duda, el radicalismo estuvo en el lugar más incómodo de esos discursos: Ricardo Alfonsín, por ejemplo, justificó su voto a favor en una cuestión de principios y aprovechó el momento para criticar a los rebeldes de su bloque, como el cordobés Oscar Aguad, que se niegan a votar a favor del proyecto junto con el resto de la bancada:
“En el fondo no quieren apoyar porque le tienen desconfianza al Estado y a la política porque creen que el mercado es lo mejor que le puede pasar a la Argentina”, les dijo.
“Vamos a votar a favor por principios porque creemos que el Estado tiene la función principal de defender el interés general”, argumentó Alfonsín, tras reconocer todos los puntos débiles en materia de controles y en el proceso mismo de la expropiación que cuestionaron casi todos los opositores.
Claudio Lozano, del FAP, explicó su posición al pedir la derogación de los decretos petroleros firmados en el Gobierno de Carlos Menem: “Si esto no se modifica, YPF será el socio bobo de un sistema energético que garantice beneficios extraordinarios y déficit energético para los argentinos”.
Entre los oradores que anunciaron su voto en contra estuvieron el peronista santafesino Daniel Germano y Pablo Tonelli por el PRO: “Si Repsol no estaba produciendo de acuerdo con lo requerido, alcanzaba con revocarle la concesión como habían hecho algunas provincias y otorgárselo a otras empresas, con eso alcanzaba para revertir la falta de producción”, dijo.
