A un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, desde Amnistía Internacional advierten sobre «una peligrosa deriva autoritaria» que atraviesa el país y que «se extiende más allá de sus fronteras». En un informe publicado esta semana, el organismo internacional analiza cómo las políticas y prácticas impulsadas desde la Casa Blanca están socavando libertades fundamentales. Entre ellas, la libertad de expresión, de prensa y de reunión pacífica. También advierte que aumentan los riesgos para periodistas, activistas, estudiantes, personas migrantes y disidentes.
El relevamiento identificó «un patrón sistemático de prácticas autoritarias que se refuerzan entre sí y amenazan con normalizar la represión, la discriminación y la impunidad». Este patrón, que Amnistía nombra «deriva autoritaria», debilita los estándares internacionales de derechos humanos y alienta retrocesos similares en otros países.
La deriva autoritaria
«La deriva autoritaria está basada en tácticas que utilizan quienes están en el poder para silenciar a la gente, limitar el espacio cívico, concentrar poder, debilitar el Estado de derecho y violar derechos humanos», explica la organización en un comunicado firmado por Mireya Cidón, editora en Amnistía Internacional España.
Según Amnistía Internacional, la administración de Trump está “resquebrajando los pilares de una sociedad libre”: el espacio cívico, la separación de poderes y las garantías básicas del Estado de derecho.
«Esta deriva importa porque, cuando la prensa deja de poder informar libremente, cuando protestar se vuelve peligroso y cuando los tribunales y los mecanismos de supervisión son atacados o cooptados, resulta cada vez más difícil frenar los abusos y revertir el retroceso en derechos. Para cuando los daños son evidentes, las instituciones diseñadas para limitar el poder ya pueden estar comprometidas, y las violaciones de derechos dejan de ser excepciones para convertirse en parte del funcionamiento ordinario del Estado», asegura el comunicado.
«Cuando una potencia de este peso desprecia las normas creadas para proteger los derechos humanos, se refuerza la impunidad global y se alienta a otros gobiernos a seguir el mismo camino», marcan desde Amnistía.
«Lo que ocurre en Estados Unidos tiene consecuencias globales, porque sigue siendo una potencia influyente cuyo comportamiento actúa como referencia para otros gobiernos», alertan.
La afectación de la libertad de prensa
Según el informe de AI, el gobierno de Trump presiona y castiga a los medios que considera críticos y restringe el acceso a información clave. En pos de instalar una narrativa única desde el gobierno, excluye a ciertos medios de espacios oficiales, amenaza financieramente a medios públicos y el debilita estructuras que sostienen emisoras internacionales como la Voz de América.
También alude a la detención y deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, mientras cubría protestas. «Cuando la información se bloquea, las violaciones de derechos humanos se vuelven más difíciles de denunciar y de frenar», asegura el organismo.
Castigo a la libre expresión y a la protesta
El gobierno recurre a la vigilancia, las detenciones y, en ocasiones, a fuerzas militarizadas para criminalizar el disenso. Amnistía documentó los casos de Mahmoud Khalil y Leqaa Kordia. Ambos fueron detenidos y sometidos a procesos de deportación tras participar en protestas pacíficas en contra del genocidio en Gaza en la Universidad de Columbia. En 2025, se revocaron más de 6.000 visas de estudiantes por su activismo político identificado a través de vigilancia en redes sociales.
Coerción a la sociedad civil y a las universidades
La administración Trump instrumentaliza narrativas de “seguridad” y “terrorismo” para presionar a organizaciones sociales y universidades. Así, condiciona su financiación y su margen de actuación. Se emitieron órdenes de suspensión de trabajo a agencias de reasentamiento de personas refugiadas. Se impulsó el llamado Pacto por la Excelencia Académica, que ofrecía fondos federales a cambio de limitar la autonomía universitaria y los compromisos de diversidad. Y universidades como Harvard fueron objeto de ataques políticos y amenazas contra su estatus fiscal.
Normalización de represalias contra críticos y opositores
Personas con cargos institucionales que investigan abusos o cuestionan al presidente sufrieron represalias sistemáticas: investigaciones selectivas, despidos, retiro de credenciales y acusaciones infundadas. Casos como los de la Fiscal General del Estado de Nueva York Letitia James o el del ex director del FBI James Comey.
Al mismo tiempo, se otorgó impunidad a seguidores de Trump implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Ataques al sistema judicial
El gobierno desacredita públicamente a jueces, juezas y tribunales que limitan sus políticas, presiona a despachos de abogados y abogadas y trata de debilitar los mecanismos de supervisión judicial. El presidente llegó a pedir la destitución del juez James Boasberg por bloquear expulsiones masivas. Además demandó colectivamente a jueces federales de Maryland que intentaban garantizar audiencias previas a deportaciones.
Hasta el momento se presentaron más de 500 acciones judiciales contra políticas de Trump. En ese marco, jueces y juezas federales han recibido al menos 131 amenazas desde octubre de 2025.
Desprecio por el debido proceso y expulsiones sumarias
El uso expansivo de leyes de “enemigos extranjeros” permite expulsiones sin audiencia individual ni acceso efectivo a abogado. El caso del actor y maquillador venezolano Andry José Hernández Romero, expulsado ilegalmente a El Salvador apenas dos días antes de su audiencia de asilo sin que su familia ni su defensa conocieran su paradero, equivale de facto a una desaparición forzada. Tras pasar cuatro meses en la prisión CECOT, donde denunció tortura, fue enviado de regreso a Venezuela.
Estas prácticas vulneran el derecho al debido proceso, al asilo y a no sufrir detención arbitraria.
Ataques a los derechos de personas refugiadas y migrantes
En este año se registraron detenciones masivas, separación de familias, cierre de rutas legales y condiciones degradantes en centros de detención. Instalaciones como “Alligator Alcatraz” o el centro de Krome, en Florida, presentan hacinamiento y abusos que pueden constituir tortura o malos tratos.
Desde enero de 2025, más de 1,5 millones de inmigrantes han perdido o perderán su estatus legal temporal. De esta manera, quedarán expuestos a detenciones, deportaciones y violaciones de derechos humanos.
Además, la administración amplió el veto migratorio de 19 a 39 países, incluyendo a personas con documentos de viaje de la Autoridad Palestina, y restringiendo aún más las vías legales de protección. También se permitió a los agentes realizar detenciones migratorias basadas en la etnia percibida, el idioma hablado o la ocupación, prácticas que constituyen perfiles raciales prohibidos por el derecho internacional.
Militarización de la seguridad interna
El gobierno de Trump ha intensificado la militarización de la seguridad interna, desplegando agentes de ICE con equipamiento táctico en ciudades estadounidenses y convirtiendo operaciones migratorias en intervenciones de estilo militar. El caso más emblemático es el asesinato de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años tiroteada a quemarropa el 7 de enero de 2026 en Minneapolis por un agente de ICE enmascarado que intentó abrir su vehículo por la fuerza. El vídeo del incidente contradice la versión oficial de «terrorismo doméstico» y «legítima defensa» difundida por el Departamento de Seguridad Nacional.
En varias ciudades, el gobierno llegó a desplegar o amenazar con desplegar a la Guardia Nacional para responder a protestas vinculadas a inmigración y seguridad. En seis de las nueve ciudades afectadas, las alcaldías estaban encabezadas por personas negras y contaban con grandes poblaciones afroamericanas y latinas.
Vigilancia masiva y uso de inteligencia artificial contra la disidencia
Amnistía advierte que el gobierno recurre a tecnologías de vigilancia avanzada, proporcionadas por empresas como Babel Street o Palantir para monitorear redes sociales y espacios digitales. Programas como Catch and Revoke permiten revocar visados de forma automatizada en función de la actividad política en línea.
«Este uso de la inteligencia artificial inhibe la protesta, vulnera el derecho a la privacidad y convierte la expresión política en un riesgo permanente», subraya Amnistía.
Ataques a poblaciones específicas y retroceso en la lucha contra la discriminación
El ejecutivo de Trump dirige de forma sistemática sus políticas contra colectivos específicos (migrantes, comunidades negras, personas LGBTIQ+ y mujeres) y desmantela programas de diversidad, equidad e inclusión. La orden ejecutiva «Defending Women from Gender Ideology Extremism» (20 de enero de 2025) define el sexo como «masculino o femenino» y ordena eliminar referencias a identidades trans de registros oficiales, sistemas sanitarios y educativos.
El gobierno cerró la única línea nacional de prevención del suicidio para jóvenes LGBTIQ+, dejando sin un recurso esencial de apoyo y seguridad a una población expuesta a riesgos de violencia y suicidio. También se suspendió el acceso a atención médica de afirmación de género para menores. El Departamento de Salud y Servicios Humanos creó un portal en línea de “denunciantes” para que se informe sobre personal médico que ofrece este tipo de tratamientos a personas trans, incentivando la persecución de quienes garantizan estos cuidados.
Desmantelamiento de controles sobre empresas y lucha contra la corrupción
El gobierno de Trump recorta drásticamente los recursos dedicados a investigar la corrupción. El equipo anticorrupción del Departamento de Justicia pasó de 36 a solo 2 abogados, y se cerraron más de 160 casos corporativos. También se cerraron los 42 casos e investigaciones abiertos por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), lo que podría costar a la ciudadanía más de 3.000 millones de dólares en reembolsos perdidos.
En paralelo, presiona a grandes plataformas tecnológicas como Meta para relajar sus políticas de moderación. Por ejemplo, semanas antes de la toma de posesión, Meta eliminó prohibiciones sobre acoso específico (como llamar «eso» a personas trans) y redujo la verificación de hechos. Trump elogió públicamente estos hechos, que generan discursos de odio y desinformación.
Debilitamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos
Estados Unidos se retiró de organismos y acuerdos multilaterales fundamentales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y el Acuerdo de París. Además anunció su salida de otras 66 organizaciones internacionales. También ha impuesto sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, incluyendo al fiscal jefe Karim Khan. En el ámbito militar, las fuentes documentan acciones unilaterales como la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, y una serie de ataques aéreos en el Pacífico y el Caribe que causaron la muerte de más de 100 personas.
Por otro lado, los recortes masivos de ayuda exterior generaron un vacío que pone en riesgo la vida y la salud de millones de personas. Finalmente, el país se negó a participar en su propia revisión ante el Examen Periódico Universal de la ONU en noviembre de 2025, lo que debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
