La Auditoría General de la Nación (AGN) avanza en una auditoría sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la causa por fentanilo contaminado. Para eso, familiares de víctimas asistarán este jueves a un taller de planificación participativa en el que se definirá el mecanismo y sus etapas. En la instancia también participarán, de manera virtual, familiares de víctimas rosarinas. La provincia de Santa Fe, en proporción, es la másas afectada por el episodio.
El encuentro se realizará a partir de las 10.30 en la sede de la AGN, situada en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín de la ciudad de Buenos Aires.
«La convocatoria se da en un contexto crítico: una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales —incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME (Instituto Nacional de Medicamentos)— y una comisión investigadora cuyos informes aún no se han traducido en respuestas concretas, mucho menos en cambios estructurales”, expresa el comunicado de los familiares de víctimas.
De acuerdo a la investigación judicial llevada adelante por el juez Ernesto Kreplak y los informes de la comisión parlamentaria específica, «la causa del fentanilo adulterado dejó al descubierto una secuencia crítica de fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo”.
A fines de enero, la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de los fallecidos por el opioide adulterado en el que se confirmó que, hasta ese momento, eran 111 las víctimas fatales relevadas.
Además, hay en carpeta otros 48 casos de sobrevivientes para llegar a un total de 159 personas, entre fallecidas y recuperadas. De ese total, el Juzgado Nº3 de La Plata, conducido por Ernesto Kreplak, sumó 35 casos en medio de la feria judicial de enero de este año.
En ka causa judicial hay 14 procesados y detenidos. Uno de ellos es Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
García Furfaro es considerado «coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales» por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
La historia de una tragedia
En abril de 2025, el Hospital Italiano de La Plata comenzó a registrar un brote de infecciones respiratorias graves (bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp) en pacientes internados en terapia intensiva. Al investigar este brote, hallaron restos de ambos patógenos en ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes.
El 7 de mayo, este centro de salud informó los casos y al día siguiente la ANMAT emitió una alerta para que no se utilice en todo el territorio nacional el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma por «encontrarse en investigación por desvío de calidad».
El 13 de mayo, la ANMAT dictó la Disposición 3156/25 que prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese lote específico. Además, le ordenó a la firma el recupero del mercado del producto. Semanas después, el organismo también ordenó a las jurisdicciones subnacionales el recupero de todos los lotes de fentanilo.
También dictó la Disposición 3158/25, que inhibió la producción de la planta bonaerense de HLB Pharma «hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias» para levantar esa medida. Lo mismo se dispuso sobre Laboratorios Ramallo SA, ya que las ampollas se habrían elaborado en sus instalaciones. Ambas compañías se atribuyen al empresario García Furfaro.
La fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, solicitaron además «investigar si la ineficiencia recurrente en la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría eventualmente constituir negligencia, connivencia o complicidad en los sucesos investigados».
Alto impacto en Santa Fe
Santa Fe es, estadísticamente, la provincia más golpeada por esta tragedia, superando incluso a Buenos Aires en número de casos confirmados por cantidad de habitantes. En agosto del año pasado, el Ministerio de Salud santafesino informó 30 víctimas fatales en la jurisdicción. De ellas, 18 en Rosario y 12 en la ciudad capital.
En el momento de mayor crisis por el opioide contaminado, Santa Fe registró 46 casos confirmados, en ese entonces el 70% de los afectados en todo el país.
En Rosario, los casos se concentraron en sanatorios privados y hospitales públicos que habían adquirido stock de HLB Pharma por ser uno de los proveedores más económicos del mercado. Se registraron muertes en el hospital de emergencias Heca y en instituciones del centro de la ciudad.
En octubre de 2025, se realizó una vigilia masiva en el Monumento a la Bandera con 124 claveles blancos, donde las familias rosarinas afectadas denunciaron una «masacre sanitaria».
