La Fiscalía pidió 12 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Regional II de Rosario, Daniel Acosta, en el marco de la causa que investiga un millonario fraude con combustibles destinados a patrulleros policiales. Además, los fiscales solicitaron la apertura del juicio oral y público para todos los acusados involucrados en la maniobra.
En la misma presentación judicial, el Ministerio Público de la Acusación requirió una pena aún mayor para el ex secretario privado de Acosta -ya detenido-, el comisario y abogado Rodrigo Domínguez. Para él, la acusación solicitó 14 años de prisión efectiva al considerarlo una pieza clave dentro del esquema de desvío de fondos públicos.
La investigación apunta a una estructura que habría operado mediante irregularidades en las cargas de combustible asignadas a móviles policiales. Según la acusación, parte del dinero destinado a abastecer patrulleros era redireccionado para beneficios personales de integrantes de la organización, generando un perjuicio económico para el Estado provincial.
La causa incluye a más de una decena de imputados, entre policías y civiles, para quienes también se solicitaron penas de prisión efectiva que van desde los 4 hasta los 7 años. Los fiscales consideran que existió una asociación organizada destinada a sostener durante un largo período el fraude con recursos públicos vinculados al funcionamiento de la fuerza policial.
De acuerdo con la investigación, las maniobras consistían en consumos adulterados, cargas inexistentes y utilización irregular de tarjetas destinadas al abastecimiento oficial de combustible. La fiscalía sostiene que el mecanismo permitió extraer fondos de manera sistemática mientras los patrulleros debían operar con recursos limitados.
Con el pedido de elevación a juicio oral, el expediente entra ahora en una etapa decisiva. Será la Justicia la que determine si los principales acusados, entre ellos Acosta y Domínguez, deben enfrentar el proceso en debate público por uno de los casos de presunta corrupción policial más relevantes investigados en Rosario en los últimos años.
El pedido de apertura de juicio y las penas del fiscal José Luis Caterina (Fiscalía de Rosario):
Rodrigo Sebastián Domínguez la pena de catorce (14) años de prisión.
Daniel Acosta la pena de doce (12) años de prisión.
Juan Pablo Pigozzi la pena de ocho (8) años de prisión.
Diego Alberto Santamaría la pena de siete (7) años de prisión.
Héctor Daniel Saucedo la pena de siete (7) años de prisión.
Gustavo Adrián Bazán, la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión.
Adrián Bahl la pena de cinco (5) años de prisión.
Darío Fabián Fantín la pena de cinco (5) años de prisión.
Juan Manuel Herrera la pena de cinco (5) años de prisión.
Mario Rodrigo Brest la pena de cuatro años y seis meses de prisión.
Fabián Becerra, la pena de cinco (5) años de prisión.
Edgardo Roldán la pena de cuatro (4) años y seis (6) de prisión.
Fernando Miguel Ceballos la pena de cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión.
Roberto Gabriel Blanco la pena de seis (6) años y ocho (8) meses de prisión.
Diego Luna, la pena de cinco (5) años de prisión.
Juan Alberto Villordo, la pena de cinco (5) años de prisión.
Javier Norberto Arce la pena de cuatro años y dos meses de prisión.
Roberto Sandoval la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión.
Franco Sebastián Cuesta la pena de tres (3) años y cuatro (4) meses de prisión.
Civiles: Mónica Juana Bianconi, la fiscalía solicita se le imponga la pena de ocho (8) años de prisión es la dueña de la estación; Daniel Alberto Reynoso la pena de siete (6) años y ocho (8) meses de prisión.
