El diputado nacional Agustín Rossi presentó esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que busca arrojar luz sobre una de las iniciativas del gobierno nacional: el sistema denominado Gemelo Digital Social, una herramienta de inteligencia artificial aplicada a políticas sociales que el presidente Javier Milei anunció esta semana. En ese mensaje, el mandatario sostuvo que el sistema permitirá integrar información de múltiples fuentes en una base unificada, convertir la experiencia social en inteligencia pública y convocar a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global en la materia.
Sin embargo, la escasez de información concreta sobre el proyecto encendió alarmas en el arco político y en organizaciones defensoras de derechos digitales. Ante ese vacío, Rossi, ex ministro de Defensa y ex jefe de Gabinete, decidió activar un pedido de informes al Poder Ejecutivo. La iniciativa incluye quince preguntas precisas, más un requerimiento de documentación respaldatoria que abarca desde el marco legal y los actos administrativos hasta los contratos, las licitaciones, los protocolos de interoperabilidad y las evaluaciones de impacto.
Lo que preocupa al diputado es la opacidad que rodea a un sistema que podría procesar datos personales de millones de argentinos sin un debate público previo ni controles institucionales claros. En los fundamentos del proyecto, Rossi advierte que el tratamiento masivo, centralizado y automatizado de información sensible exige un abordaje riguroso, sobre todo cuando se trata de sectores vulnerables que dependen de las políticas sociales. La experiencia internacional, recordó, está llena de ejemplos alarmantes.
El caso más citado en el texto es el de Países Bajos, donde el gobierno implementó el sistema SyRI, diseñado para cruzar bases de datos estatales y detectar fraudes en beneficios sociales. En 2020, la justicia holandesa declaró ilegal esa herramienta por violar derechos humanos, privacidad y protección de datos personales. Los jueces señalaron que el uso de algoritmos opacos y mecanismos de perfilamiento masivo resultaba incompatible con los principios de proporcionalidad, transparencia y control democrático. También en el Reino Unido surgieron severas críticas a sistemas algorítmicos aplicados al control de subsidios, debido a sesgos discriminatorios, errores automatizados y suspensiones indebidas de prestaciones que afectaron especialmente a los sectores más desprotegidos.
Rossi también echa mano a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos, que protegen los datos personales, y a la Ley 25.326, que impone principios como finalidad, consentimiento, seguridad y confidencialidad. En ese marco, preguntó si el Gemelo Digital Social respetará esas reglas o si, por el contrario, permitirá reutilizar datos recolectados originalmente para otros fines sin el consentimiento expreso de sus titulares. Además, quiere saber si el sistema automatizará decisiones como altas, bajas, alertas o puntajes, y qué tipo de intervención humana existirá para evitar que una máquina decida sobre el acceso de una persona a un programa social.
Otro punto sensible es la referencia presidencial a la convocatoria de “los principales actores del mundo”. Rossi exige precisiones: a quién convocaron, con qué finalidad y bajo qué mecanismo contractual. También consultó si la Agencia de Acceso a la Información Pública emitió algún dictamen sobre la legalidad del sistema, y si existen auditorías externas, evaluaciones de impacto y protocolos de seguridad informática.
El pedido de informes incluye además un requerimiento presupuestario: saber qué partidas se afectaron para desarrollar el Gemelo Digital Social y cuánto dinero se destinó hasta ahora. Finalmente, solicita la remisión de copias íntegras de todos los contratos, licitaciones, convenios, especificaciones técnicas, protocolos de interoperabilidad, evaluaciones de impacto y manuales operativos vinculados al sistema.
