La megacausa que investiga una millonaria red de corrupción institucional dentro de la Unidad Regional II de Rosario sumó sus primeros culpables firmes. Tres suboficiales de la Policía de Santa Fe declinaron este martes ante la acusación penal y aceptaron condenas en el marco de juicios abreviados, tras admitir su participación en el esquema de desvío de fondos destinados a la carga de combustible de los móviles policiales.
La resolución se dictó en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la jueza Silvana Lamas González homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal de la causa, José Luis Caterina, y las defensas de los uniformados. Los ahora condenados son Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez, quienes accedieron a penas reducidas bajo la figura de imputados colaboradores, aportando información clave para el avance de la pesquisa.
Ramírez recibió la pena más alta de este tramo: tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de asociación ilícita, defraudación agravada y cohecho pasivo.
Por su parte, López fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional, mientras que Delgado recibió una pena de dos años y tres meses.
Los tres deberán fijar domicilio, realizar presentaciones periódicas ante la Justicia y tienen estrictamente prohibido mantener contacto con cualquier persona vinculada al expediente.
El «ahorro» del control y los costillares de la «multa»
Estas tres condenas operan como la punta del iceberg de una investigación mucho más amplia. El fiscal Caterina presentó recientemente una acusación de más de 300 páginas contra otras 21 personas —19 policías y dos civiles— que formaban parte de una organización dedicada a inflar consumos, fraguar facturas y registrar cargas adulteradas de combustible que nunca ingresaba a los tanques de los patrulleros.
El dinero sucio, según la teoría del caso, retornaba en efectivo desde una estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, administrada por la firma Gas Auto Tiferno.
Para desbaratar la maniobra, los investigadores de la Fiscalía debieron cruzar datos de antenas, realizar seguimientos encubiertos y auditar los dispositivos GPS de los móviles: así comprobaron que las planillas oficiales registraban consumos altísimos de patrulleros que, en la realidad, pasaban horas completamente inmóviles.
El impacto en las arcas públicas era feroz. Al momento de estallar el escándalo, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial estimó que la red de corrupción sangraba unos 45 millones de pesos mensuales del erario público.
Tras ajustarse las tuercas de los controles sobre el gasto de combustible, esa cifra se transformó en un ahorro de 60 millones de pesos por mes.
La acusación fiscal también revela las lógicas mafiosas y los «vicios» internos de la banda. En los pasillos de la Jefatura funcionaba un sistema de sanciones informales conocido internamente como “OGM” (“Oficina de Gestión de Multas”), manejado por el entorno de la Jefatura.
Los subordinados que cometían errores en el circuito clandestino de recaudación o no cumplían las directivas debían «pagar» la falta a sus superiores con dinero en efectivo, bebidas alcohólicas premium o costillares de carne.
La mira en la cúpula
La expectativa principal de la causa está puesta en la audiencia preliminar al juicio oral, donde se definirá la situación de la cúpula que manejaba los hilos de la Unidad Regional II. En el centro del banquillo está el ex titular de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, considerado el jefe de la estructura criminal, para quien la Fiscalía ya adelantó un pedido de pena de 12 años de prisión.
Sin embargo, el pedido de condena más severo de todo el pliego recayó sobre Rodrigo Domínguez, ex secretario privado de Acosta. Para él, el fiscal Caterina solicita 14 años de cárcel efectiva por asociación ilícita, peculado y delitos económicos.
En sintonía con el avance penal, el subsecretario de Control de las fuerzas de seguridad, Lucas Covacich, solicitó formalmente la destitución de los policías involucrados. Para los tres suboficiales condenados ayer el despido de la fuerza es inminente, mientras que en el caso del ex jefe Acosta —quien ya se encuentra retirado— se impulsó el cese definitivo del cobro de cualquier tipo de haber o beneficio por parte del Estado provincial.
