Organizaciones sociales, sindicales, científicas, ambientales y vecinales convocan para este jueves 6 de agosto a las 12 con una radio abierta, muestra soberana y banderazo en Plaza San Martín, a las 17 una concentración en Plaza San Martín y a las 18 comenzará la marcha hacia el Monumento Nacional a la Bandera.
La jornada de movilización se realizará en todo el país, en coincidencia con el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley que habilitaría la venta sin límites de tierra argentina a manos extranjeras. La consigna es clara: que los tres senadores voten en contra de la iniciativa y en defensa de la soberanía territorial.
Luciano Orellano, dirigente del Foro por la Recuperación del Paraná y del Encuentro Federal por la Soberanía, advirtió que, pese al nombre con el que se presenta el proyecto, en los hechos habilitaría que el 100% del territorio argentino pueda venderse a extranjeros, eliminando el tope del 15% vigente en la ley actual.
Orellano puso en contexto la magnitud del problema: la Argentina ya tiene un 25% de su territorio bajo ocupación colonial en Malvinas, a lo que se suman unas 13 millones de hectáreas que ya están en manos extranjeras en todo el país. Solo en Santa Fe, señaló, hay cerca de 250.000 hectáreas extranjerizadas, un porcentaje que ya roza los límites legales vigentes.
El dirigente remarcó que el proyecto no afecta solo la tierra firme, sino también los espejos de agua: ríos, lagunas, humedales y glaciares. Citó como antecedente el caso del magnate británico Joseph Lewis, que compró unas 70.000 hectáreas y un lago completo en la Patagonia, restringiendo incluso el acceso a un paso fronterizo, y el caso de La Rioja, donde la venta de tierras a un privado generó fuerte rechazo popular.
Según Orellano, detrás del argumento de darles mayor autonomía a las provincias para vender tierras se esconde un riesgo institucional profundo: la posibilidad de que una provincia venda territorio a un país extranjero mientras otra se niega, lo que —advirtió— podría derivar en un cuadro de secesión dentro del propio territorio nacional.
El referente también vinculó la iniciativa con un contexto internacional de disputas territoriales —mencionó las tensiones en torno a Ceuta y las declaraciones expansionistas de Donald Trump sobre Groenlandia— y con un proceso más amplio de desfinanciamiento de organismos científicos nacionales como el INTA, el INTI y la CONEA, que a su entender debilita la capacidad del Estado para sostener su soberanía sobre los recursos naturales.
Orellano remarcó además que la ley pondría en riesgo zonas estratégicas y fronterizas, con implicancias en materia de defensa nacional, y que no existen antecedentes de un país soberano que elimine todo límite a la propiedad extranjera de su territorio.
