Desregulación vía reducción de requisitos. Ese es el fondo del Decreto Municipal 706/2026 que abrió una disputa entre el Palacio de Los Leones por un lado, y la Caja de previsión Social de Ingeniería más los colegios profesionales por otro. Es que la norma elimina la obligación de que ingenieros, maestros mayores de obra o arquitectos presenten una constancia de aportes previsionales al día para autorizarles trámites de edificación y obras particulares en la ciudad. El reproche es que, así, se contribuye a desfinanciar el sistema jubilatorio de todos ellos. La disputa ya está en la Justicia y, este jueves, ganó la calle: la Caja y los colegios convocaron a una concentración en la plaza 25 de Mayo para hacer notar su descontento.
El decreto de marras es de abril último. Luego, la Caja y los colegios, cada uno con sus abogados, presentaron un pedido de amparo en la Justicia provincial. El recurso pasó por varios despachos. Hace unos días, el juez Mauro Raúl Bonato, de la primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario, dictaminó que el decreto no genera perjuicios ni va contra leyes provinciales.
Los demandantes sostienen que no es un fallo de fondo y que la controversia continúa.
El decreto, con el argumento de simplificar trámites y modernizar el funcionamiento de la administración pública, deroga dos artículos de uno anterior, el 126 de 2024, por el cual se exigía una certificación de aportes preliminar al colegio profesional respectivo para otorgar el permiso de obra y otro definitivo como condición para dar el final de obra.
Se apoya, para eso, en la concesión de la autonomía municipal que instaló la reforma de la Constitución santafesina.
Los profesionales responden que la Municipalidad, igual, no puede avanzar sobre una Caja jubilatoria, la de los profesionales de la Ingeniería, poniendo en riesgo la sustentabilidad de sus funciones previsionales y de servicios médicos, entre otros. Agregan que la norma pone en peligro el futuro de más de 9 mil afiliados.
Sostienen que, además, el Decreto 706 va contra la esencia de la llamada Ley Araya (4114, de 1951), norma provincial que regula los honorarios profesionales de la ingeniería y disciplinas afines. Aunque su texto fue parcialmente desregulado, sigue como una referencia base.
El Ejecutivo rosarino insiste en que el Gobierno local solo tiene que verificar que haya un profesinal habilitado responsables de la obra, y que su función no es asegurar el pago de aportes jubilatorios.
Con la decisión de la Municipalidad se alinearon la Cámaras de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Para esas corporaciones, el decreto bajo disputa agiliza y destraba las actividades del sector.
El Palacio de los Leones, además, señaló que por un decreto posterior asume la obligación de exigirle a los profesionales un certificado habilitante para hacer los trámites, lo que facilita a la Caja previsional determinar cuándo asume un trabajo y así poder cobrarle los aportes correspondientes.
