La Superintendencia de Servicios de Salud inhabilitó a otras 18 entidades de medicina prepaga, mutuales y cooperativas después de detectar incumplimientos en el marco del proceso de depuración del sistema privado.
Con estas nuevas resoluciones, ya son más de 180 las organizaciones excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga desde el comienzo de la actual gestión.
El organismo explicó que varias de las entidades no tenían beneficiarios activos, no ofrecían prestaciones o no habían presentado la documentación necesaria para conservar su habilitación.
Por qué fueron excluidas
Las auditorías oficiales detectaron casos de empresas que figuraban formalmente dentro del registro, pero no desarrollaban actividades contempladas por la Ley 26.682.
Antes de avanzar con la baja, la Superintendencia notificó a las entidades y les otorgó plazos para regularizar su situación.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, rechazó sus inscripciones definitivas y dejó sin efecto los registros provisorios.
El Gobierno sostuvo que ninguno de estos procedimientos afecta a usuarios con cobertura vigente, ya que las prestadoras alcanzadas no registraban beneficiarios activos al momento de las inspecciones.
Las 18 entidades dadas de baja
Las nuevas exclusiones alcanzan a:
Plan Odontológico Integral S.A.
Cámara de Tabaco de Misiones.
Armiento S.A.
Instituto Materno Infantil S.A.
Sociedad Médica Universitaria S.A.
Asociación Mutual Intercooperativa.
AMI S.R.L.
Huinca Salud S.A.
Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.
Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay.
EMPY S.R.L.
Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.
Timely Medical.
Premedikal S.R.L.
Emergencia S.R.L.
Seres S.R.L.
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada.
Cardio S.A.
La exclusión implica que estas organizaciones ya no podrán operar ni ofrecer servicios de medicina prepaga en el país.
Otra obra social quedó bajo vigilancia especial
En paralelo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos.
El organismo detectó indicadores considerados críticos en materia prestacional, financiera, contable, institucional y de atención a los afiliados.
La entidad deberá presentar un plan de contingencia y quedará bajo seguimiento especial mientras intenta regularizar su situación.
A diferencia de una baja, la declaración de crisis no implica el cierre inmediato, sino un régimen reforzado de supervisión.
Una depuración que continúa
El Gobierno sostiene que el objetivo del proceso es eliminar del padrón a prestadoras sin actividad real y dejar únicamente a aquellas entidades que puedan demostrar capacidad operativa y cumplimiento de la normativa.
Durante los últimos meses, la Superintendencia avanzó con sucesivas bajas y auditorías sobre prepagas y obras sociales.
La estrategia oficial apunta a reducir la cantidad de firmas formalmente habilitadas pero sin servicios efectivos, mientras mantiene bajo observación a aquellas que muestran problemas financieros o prestacionales.
Fuente: Versión Rosario
