Mauro Federico – Ivy Cángaro / Data Clave
El 9 de junio de 2026, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó ante la Oficina Anticorrupción su Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público correspondiente al ejercicio 2025 —trámite N° 1175161103—, la más reciente que tiene registrada. Su patrimonio pasó de $2.355.488.030 al inicio del año a $3.641.216.462 al cierre, una diferencia de valuación de sus bienes de $1.248.735.521, a la que se suman $147,3 millones declarados como ingresos por trabajo personal. Casi todo ese salto está concentrado en dos fondos cotizados en Londres —iShares Nasdaq 100 (CNDX) e iShares Core S&P 500 (CSPX)—, que juntos pasaron de valer unos $1.424 millones a más de $2.370 millones en un solo año.
El documento detalla, con una precisión que llega hasta el modelo del auto familiar, el resto de sus bienes: un Toyota Corolla Cross híbrido con el 50% a su nombre, una Chevrolet Trailblazer, un departamento en Buenos Aires con el 50% a su nombre ingresado en diciembre de 2024, y propiedades en Martínez, Villa La Angostura y La Plata. En materia societaria, la declaración lista una sola entrada bajo el rubro «Acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotización en el país»: Un Ombú S.A.S., la sociedad que constituyó en 2018 junto a su esposa, María Josefina Roulliet, con un objeto social tan amplio como intrascendente en los números —agropecuarias, comunicaciones, industrias, inmobiliaria, inversiones, petroleras, salud, transporte y hotelería— y un valor de $10.700 declarado exactamente igual al inicio y al cierre del período. Es la consultora que Sturzenegger fundó con su esposa al dejar el Banco Central. No es la única sociedad que tuvo desde entonces, ni la única ausente en esta declaración.
En ninguna de las nueve páginas del documento —ni en los bienes al inicio del período, ni en los del cierre, ni en ningún otro rubro— aparece mencionada Garabí Maderas S.R.L., ni ninguna otra empresa maderera o forestal.
Ocho sociedades, una declarada
Un Ombú no es la única sociedad por la que pasó Sturzenegger desde que dejó la función pública en 2018. Un registro que cruza datos de la Inspección General de Justicia (DATOK) lo vincula a ocho entidades en total. En Un Ombú S.A.S. es socio al 100%, junto a María Josefina Roulliet, su esposa, y es la única de las ocho que figura en la DDJJ 2025. En Mi Casa Propia S.A.S. es socio fundador, junto a Gonzalo Delger y Andrés Freire como administradores, y no figura en la declaración. En Latus View S.A. fue vicepresidente —se definía como «Senior Partner»—, con Gonzalo Lissarrague como presidente y Carlos Gaona Cifuentes como director suplente; la sociedad se disolvió en 2020 y tampoco figura. A eso se suman cuatro vínculos institucionales, ninguno declarado: es socio académico de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires; presidió el Banco de la Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2013, designado por Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño; es autoridad de ABAPPRA, la asociación de bancos públicos y privados de la que el Banco Ciudad es miembro; y es autoridad de Pensar Argentina (Fundación Pensar), el think tank del PRO hoy presidido por Franco Moccia. Y es autoridad de Pricing Research, la octava entidad, de la que no se registra actividad ni otros socios.
Mi Casa Propia S.A.S.: la otra sociedad que tampoco declaró
Constituida el 6 de mayo de 2019, apenas siete meses después de Un Ombú, con un capital de $25.000 y sede en Lavalle 648, piso 7, CABA. El objeto social es la misma fórmula de catálogo que usó para Un Ombú —agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, inmobiliarias, inversiones financieras— y sus socios fundadores, según el edicto de constitución en el Boletín Oficial, son Gonzalo Delger y Andrés Freire, que quedaron como administrador titular y suplente. Sturzenegger figura como socio, no como administrador. Es la segunda sociedad, después de Garabí Maderas, que Sturzenegger integra y que no aparece en su declaración jurada más reciente.
Latus View S.A.: la que ya no existe
Constituida en enero de 2019, con Lissarrague como presidente y Sturzenegger como vicepresidente —y para la que se definía públicamente como «Senior Partner»—, operó como fondo de inversión en tecnología aplicada al agro y las finanzas. Compró participación en la fintech Findo en mayo de 2019 y tuvo un rol de nexo en el ingreso del inversor canadiense David Thomson (familia dueña de Thomson Reuters) al banco digital Brubank. Se disolvió el 2 de septiembre de 2020, con Lissarrague como liquidador. Su ausencia en la declaración jurada 2025 tiene una explicación simple que no aplica a Garabí Maderas ni a Mi Casa Propia: ya no existía cuando arranca el período que esa declaración cubre.
Pricing Research: la que no se pudo identificar
Es la octava entidad del registro, con CUIT 30-70701045-9 y sede en CABA, donde Sturzenegger figura como autoridad. No se encontró cobertura pública sobre esta sociedad —ni su actividad, ni sus otros socios o directivos—, más allá de su existencia en el registro.
Las cuatro vinculaciones institucionales
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ABAPPRA y Pensar Argentina no son sociedades comerciales privadas y por eso no necesariamente correspondía declararlas como participación societaria. Las tres primeras se explican por su trayectoria pública: presidió el Banco Ciudad entre 2008 y 2013, designado por Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño —el mismo banco que integra ABAPPRA, la cámara que agrupa a la banca pública y privada— y es socio de la Academia Nacional de Ciencias en su carácter académico. La cuarta es más elocuente: Pensar Argentina es el nombre de fantasía de la Fundación Pensar, el think tank del PRO fundado en la órbita de Mauricio Macri, hoy presidido por Franco Moccia. El registro lo marca ahí como autoridad, pero no encontramos, en fuentes públicas, en qué cargo ni desde cuándo.
¿Quiénes son los socios?
En Un Ombú, la única socia es su esposa, María Josefina Roulliet, que tiene una trayectoria propia de conflicto de interés ya en curso: dirige la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, que en 2026 recibió de la Cancillería —con Sturzenegger en el gabinete— un contrato de $114.044.133 por adjudicación directa.
En Mi Casa Propia, los socios fundadores según el edicto son Gonzalo Delger y Andrés Freire, identificados ahí solo por nombre y DNI. No se pudo confirmar con certeza cuáles son sus perfiles profesionales completos: existen varias personas con esos mismos nombres en rubros distintos —seguros, tecnología, real estate— y ninguna fuente pública cruza el DNI del edicto con un perfil específico. Con esa salvedad, no se encontraron a nombre de ninguno de los dos cargos públicos, militancia partidaria ni donaciones de campaña documentadas, ni otras sociedades que integren.
En Latus View, Gonzalo Lissarrague tiene un perfil corporativo bien documentado: presidió la División Profesional / Global Growth & Operations de Thomson Reuters para América Latina y España, y después de disuelta Latus View continuó en Uruguay presidiendo el fondo fintech Taicua y como CEO de Nubceo. No se encontraron donaciones políticas, militancia partidaria ni cargos públicos a su nombre, en Argentina o Uruguay. Carlos Gaona Cifuentes, director suplente de Latus View, siguió el mismo camino como cofundador y responsable legal de Nubceo junto a Lissarrague; tampoco con respecto a él se identificó vínculo político.
De Pricing Research no se encontraron otros socios o directivos más allá del propio Sturzenegger. Academia Nacional de Ciencias, Banco Ciudad y ABAPPRA no tienen «socios» en sentido comercial. En Fundación Pensar sí hay un vínculo político directo, aunque no de Sturzenegger sino de quienes hoy la conducen: la preside Franco Moccia, con trayectoria en la gestión porteña del PRO y vocero público de la fundación en pedidos de baja de subsidios, y su director académico es Iván Petrella, ex viceministro de Cultura porteño bajo Macri y legislador del PRO, descripto en su momento como «el académico de Macri». Ninguno de los dos aparece vinculado personalmente a Sturzenegger más allá de la pertenencia común al espacio PRO–Cambiemos–La Libertad Avanza.
El Boletín Oficial dice otra cosa
El 20 de diciembre de 2022, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó, en su Segunda Sección, un edicto que hasta ahora no había cruzado ninguna cobertura sobre el patrimonio del ministro. Es el aviso N° 103428/22, en la página 42 del ejemplar N° 35.071, y da cuenta de una cesión de cuotas sociales en Garabí Maderas S.R.L. (CUIT 30-71574202-7), la maderera que opera en la zona de Ituzaingó y Santo Tomé, Corrientes, sobre el corredor del río Uruguay. El texto dice: «Marcos de Abelleyra cede y transfiere 200.950 cuotas sociales de valor nominal $1 cada una a favor de Federico Adolfo Sturzenegger […] Federico Braun resulta titular de 401.900 cuotas sociales».
Esto significa que Sturzenegger recibió el 5% de una sociedad maderera correntina —200.950 cuotas sobre un total de 4.019.000— en una operación que lo puso como socio de Federico Braun, de la familia dueña de La Anónima, quien se quedó con el 10%. El cedente, Marcos de Abelleyra, es hermano de Josefina de Abelleyra, esposa del fiscal federal Diego Luciani. Marcos retuvo para sí otras 401.900 cuotas, la misma proporción que Braun.
El resto del capital, tras esas cesiones, quedó así: Agroforestal Garabí S.R.L. con el grueso, 1.366.460 cuotas (34%); Santiago Jorge de Abelleyra, otro hermano de Josefina, con 80.380; Pablo García Oliver, Matías García Oliver y María Mora Varela con 120.570, 241.140 y 40.190 respectivamente, sin vínculo político que hayamos podido establecer para ninguno de los tres; y Eduardo Manuel de Abelleyra —el hermano que presidió DirecTV para América Latina y murió de coronavirus en mayo de 2021— sigue figurando con 723.420 cuotas (18%), probablemente sin reasignar todavía tras su muerte. El resto, 442.090 cuotas (11%), quedó en manos de Patricio Lanusse (fallecido en 2023), dueño de la desarrolladora inmobiliaria Eidico junto a su sobrino Jorge O’Reilly y sobrino directo del expresidente de facto Alejandro Agustín Lanusse: su yerno, Mateo Salinas, representó a Mauricio Macri en una operación inmobiliaria de 2013, y el propio O’Reilly fue asesor ad honorem de Sergio Massa en 2008 y hoy cultiva vínculo con Victoria Villarruel. Braun, por su parte, es bisnieto del fundador de La Anónima, lo que lo emparenta con Marcos Peña, jefe de Gabinete de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
En el mismo documento cede sus cuotas, sin quedarse con ninguna, Raymundo Robustiano Meabe —administrador de Grupo Garabí, la firma forestal de la familia, y la misma persona que en 2021 salió a desmentir ante la prensa sectorial una denuncia de UATRE y RENATRE por trabajadores en «condiciones infrahumanas» en una de sus estancias en Corrientes, sin que conste una resolución judicial posterior sobre ese episodio.
La cesión es de 2022, casi dos años antes de que Sturzenegger asumiera como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en julio de 2024 —su ficha en la propia declaración jurada consigna el ingreso a la Administración Pública Nacional el 2 de julio de ese año—. Eso no lo exime de declararla: la ley obliga a informar en cada declaración jurada anual la totalidad de las participaciones societarias que el funcionario mantiene vigentes, no solo las adquiridas durante la gestión. Si Sturzenegger conservaba esas cuotas de Garabí Maderas durante 2025 —o durante 2024—, debían figurar en el rubro societario junto a Un Ombú S.A.S. No figuran, y no encontramos ningún acto público —cesión, venta o disolución— que explique esa ausencia entre diciembre de 2022 y esta declaración.
El bosque que pidió en Paraná
El 30 de julio de 2026, Sturzenegger subió al escenario del XIX Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con el gobernador Rogelio Frigerio en la sala. Entre los cuatro ejes de su discurso —mercado de capitales, infraestructura, comercio exterior y propiedad privada— dedicó un pasaje puntual a la industria forestal, la misma en la que sostiene una participación no declarada: «Empresarios que invierten en celulosa necesitan hectáreas», dijo. «La ley actual impide el desarrollo de la industria forestal y Entre Ríos, Corrientes y Misiones lo pueden tener».
El planteo remite al proyecto de ley de propiedad privada que el oficialismo impulsaba esa semana en el Senado, y que —en la lectura del propio ministro— destrabaría la disponibilidad de tierra para forestación en las tres provincias mesopotámicas. Es, palabra por palabra, la misma cadena productiva —celulosa, forestación, Corrientes— en la que Garabí Maderas opera y en la que Sturzenegger tiene una cuota societaria de 2022 que no encontramos declarada.
El resto del discurso fue recibido con frialdad por el empresariado local, que reclamó falta de propuestas concretas para la provincia («¿A quién le habló?», cuestionó un dirigente local). Pero un tramo no tuvo la misma tibieza: el que dedicó a los ríos.
Lo que pasó al día siguiente
En ese mismo discurso, Sturzenegger presentó la «libre navegación de los ríos» como «un proyecto transformador» para Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta, y anunció la «liberación del mercado de prácticos» —los pilotos que guían a los buques en la entrada y salida de los puertos—. No fue un anuncio para la tribuna: al día siguiente, el 31 de julio de 2026, Javier Milei firmó el Decreto 690/2026, que reemplaza el régimen de practicaje vigente desde 1991, elimina los límites al número de prácticos habilitados y permite contratarlos de forma independiente.
La medida no tardó en mostrar su costado más ruidoso. Desde el fin de semana del 1 y 2 de agosto, los prácticos profesionales dejaron de prestar servicio en protesta, y hacia el 3 de agosto más de 150 buques quedaron detenidos en el Río de la Plata y el Paraná —las vías por las que sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas—. El decreto además abrió una pulseada institucional entre la Prefectura Naval, que absorbe nuevas competencias, y la Armada, que hasta entonces formaba al personal de la Marina Mercante.
Fernando Morales, presidente de la Liga Naval, planteó una lectura crítica que vale citar con la salvedad de que es la posición de una parte interesada, no un hecho verificado de forma independiente: que el principal beneficiario del abaratamiento serían «las empresas navieras extranjeras, aquellas que por ejemplo vienen a cargar cereal».
La concesión de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay —adjudicada un mes antes, el 27 de junio, a la belga Jan De Nul por 25 años, y ya cuestionada por un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por irregularidades en el pliego— corrió por un carril administrativo distinto, el de la ANPyN, y no encontramos el nombre de Sturzenegger asociado a esa adjudicación puntual. Es, de todos modos, el mismo río.
Lo que queda, ordenado: un ministro vinculado a ocho sociedades y entidades en el registro societario, de las que su última declaración jurada solo incluye una. De las siete restantes, cuatro son vínculos institucionales que no exigían declaración societaria, una está disuelta desde 2020, y quedan dos —Mi Casa Propia S.A.S. y Pricing Research— sin explicación a la vista para su ausencia. A eso se suma una novena participación que ni siquiera aparece en ese registro societario: Garabí Maderas S.R.L., la maderera correntina que recibió en 2022 de manos del suegro del fiscal que llevó adelante la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y que es también la industria para la que, en julio, pidió tierra en un discurso en Paraná. Un día después de ese discurso, Milei firmó el decreto que desregula la navegación de los mismos ríos por los que esa industria exporta.
Ninguno de estos cuatro hechos, tomado en soledad, prueba una decisión de política pública tomada en beneficio propio. Juntos, dibujan un patrón que un funcionario con semejante volumen de intereses privados —y semejante historial de desregulaciones sectoriales— debería, como mínimo, estar en condiciones de explicar con la declaración jurada completa y a la vista.
