El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, pasaron la noche del viernes en la Alcaidía de Paraná y en la mañana de este sábado eran trasladados a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial.
Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado, mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico superior a 12 millones de pesos para la provincia.
El Tribunal de Juicio y apelación entrerriano que los condenó dispuso que los tres acusados comiencen a cumplir sus penas de 8 años de prisión efectiva en la cárcel de Paraná, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente. Así quedó firme la sentencia por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
Ahora, la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, tendrá que resolver los potenciales nuevos planteos que hagan los abogados defensores.
De hecho, los letrados de Urribarri –Leopoldo Cappa– y de Báez –Ignacio Díaz y José Velázquez– habían solicitado al Tribunal de Paraná que sus representados no fueran enviados a la Unidad Penal y en cambio se les aplique prisión domiciliaria. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano rechazaron ese reclamo formalmente y requirieron que se disponga «la inmediata detención y traslado» al penal de la capital entrerriana.
La defensa de Urribarri había planteado que nunca eludió la acción de la justicia y que siempre estuvo a disposición del debido proceso. Además, aportaron un diagnóstico médico por el que aseguran que «se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático».
