El reciente traslado masivo de detenidos hacia el nuevo complejo penitenciario de la localidad de Recreo generó un escenario de protestas e incertidumbre entre los familiares de los internos, mientras que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se afirmó que cada decisión se tomó conforme a reglamentaciones y normas legislativas.
Tras la derivación de 380 personas en menos de 24 horas desde distintas comisarías de la provincia, con el fin de descomprimir las dependencias policiales, decenas de allegados se concentraron a las puertas del penal.
La manifestación incluyó quema de cubiertas y motivó un despliegue de fuerzas de infantería, la intervención de grupos especiales y el accionar de los bomberos para sofocar el fuego.
El reclamo central de las familias radica en lo que definen como una falta de comunicación clara y respuestas concretas por parte del Servicio Penitenciario. Según expresaron los manifestantes, muchos de los traslados se ejecutaron de forma sorpresiva y sin aviso previo, interrumpiendo las actividades educativas, laborales o religiosas que desarrollaban los detenidos.
Asimismo, las familias de los internos manifestaron su angustia por desconocer en qué módulo exacto se encuentra alojado cada recluso, advirtieron sobre problemas de abrigo o alimentación y denunciaron la imposibilidad de hacerles llegar pertenencias básicas como ropa, alimentos o insumos de higiene.
Desde la provincia, las autoridades salieron a respaldar el procedimiento y a encuadrar la medida en una estrategia integral de seguridad. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, defendió los operativos señalando que el objetivo principal es retirar a la Policía de las tareas de custodia en comisarías para volcar a los efectivos al patrullaje en las calles.
La funcionaria remarcó, en declaraciones a la radio LT9, que el nuevo penal de Recreo, que cuenta con 891 plazas y presenta actualmente un 70% de ocupación, ofrece un esquema de alta seguridad y mejores condiciones edilicias, con tecnología aplicada y espacios destinados al tratamiento social, educativo y laboral de los internos.
Respecto de las pertenencias, Masneri desmintió que los objetos personales legítimos hayan quedado fuera del establecimiento e indicó que han sido repartidos en la mayoría de los sectores, aclarando expresamente que los teléfonos celulares están prohibidos.
En cuanto a las visitas, confirmó que el esquema comenzará a implementarse la próxima semana de manera progresiva, habilitándose únicamente en los pabellones abiertos cuyos internos registren un buen comportamiento.
Además, la funcionaria advirtió que ante episodios de destrucción de bienes dentro del penal se radicaron las denuncias por daño y que desde la cartera de Seguridad analizan sanciones para quienes incentiven o «fogoneen» el conflicto, tanto dentro como fuera del predio.
Desde el gobierno calificaron las protestas como parte de un proceso natural de adaptación de familias que estaban “acostumbradas” a la dinámica de las comisarías y que ahora deben adecuarse a las normas propias del sistema penitenciario.
“Lo importante es que podamos dialogar del sistema, de por qué se hacen estos traslados, de por qué necesitamos recuperar la operatividad en calle”, explicó Masneri.
Ante la preocupación generada entre los vecinos de Recreo por la llegada de los internos, la funcionaria buscó llevar tranquilidad y remarcó, siempre ante los micrófonos de LT9, que la seguridad constituye la prioridad del nuevo establecimiento: “Mi interés es que sepan que lamentablemente esto es normal, pero que una vez que todos entendamos las reglas, que todos entendamos que la seguridad de los santafesinos está primero, esto va a pesar y vamos a tener la sana convivencia pacífica que hemos propuesto desde el momento cero”.
