Se llevó a cabo la imputación contra Pablo A.B de 47 años y Valeria A.C por haber suministrado en al menos tres oportunidades marihuana y cocaína a su hijo de 5 años. Tras ello, la fiscal Andrea Vega habló en conferencia de prensa y señaló que, podrían afrontar una pena de entre 10 años y 25 años de prisión. Ambos quedaron en prisión preventiva por el plazo de seis meses.
El niño de cinco años (hijo de ambos) ingresó el 4 de septiembre de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y quedó internado en la terapia intensiva pediátrica del nosocomio. Ahora, el niño se encuentra recuperado, pero sus padres fueron detenidos e imputados; por lo que permanecerán presos.
Cabe destacar que previo a esta internación, el niño ya había ingresado al nosocomio el 3 de diciembre del 2024 donde permaneció hasta el 10 de diciembre del mismo año y luego, desde el 22 de diciembre del 2024 al 3 de enero del 2025.
Según informó la fiscal Vega dos de las tres internaciones del niño fueron por consumo de cocaína y la otra por marihuana, que «se presume que fue por el vapeo en la pequeña casilla en la que vivía junto con su padre, su madre y su hermano de ocho años»
“En la primera oportunidad se tomó como una exposición ambiental. La segunda fue positivo en marihuana. En esta tercera oportunidad, habiendo pasado el riesgo de vida, no había podido ser una cuestión accidental. Por eso se descartó la posibilidad de que haya sido culposo, porque los padres saben el riesgo al que exponen a sus hijos”, aseguró.
Asimismo, la funcionaria judicial aclaró que ambos padre «tienen un consumo problemático, que incluso pudo haber afectado a sus dos hijos desde los embarazos» y descartó que sean vendedores de estupefaciantes.
Sobre el niño en cuestión y su hermano, destacó «tienen problemas en el habla y en sus actividades diarias» y remarcó que tiene que ver «con el consumo durante el embarazo”.
“Hay un poco de marginalidad en la vivienda. Es pequeña, forma parte de un predio donde hay una casa de materiales más grande, donde viven otros familiares”, indicó.
Sobre una eventual pena tras un juicio, la fiscal sugirió «un mínimo de 10 años y vamos a un máximo que supera los 25 años»; teniendo en cuenta que la calificación legal atribuida fue tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en concurso real con suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad.
