El Grupo Razzini, que incluye cuatro unidades de negocios con base en Rosario, atraviesa desde hace un tiempo dificultades económicas y financieras y ahora una causa penal por la denuncia de un empresario al que no le entregaron, acusa, varios departamentos. La firma pertenece a la familia de la diputada nacional de Santa Fe Verónica Razzini, aunque ella está alejada de su conducción desde que ingresó a al política.
Razzini, compuesta por Hormigones Ricci SA, Razzini Materiales SRL, Razzini Industrial SRL y Almacen de Obras.com SA, se encuentra desde julio del año pasado en concurso preventivo de acreedores que tramita el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8ª de Rosario, a cargo de Luciano Daniel Juárez.
Este octubre, sumó una causa penal que tiene como denunciante y ahora querellante a Osvaldo Darragona. El inversor acusó falta de escrituración de unidades de departamentos vinculadas al holding. La defensa de la familia Razzini, encabezada por el abogado Pablo Salvatori, negó que se trate de una maniobra delictiva, y aunque admitió los incumplimientos, los atribuyó a las mismas dificultades económicas que impulsaron el concurso preventivo.
El reciente frente de problemas para la empresa obligó a la legisladora, electa por Juntos por el Cambio pero cercana al espacio libertario, tuvo que asistir el jueves pasado al Centro de Justicia Penal de Rosario para una
audiencia. El caso es investigado por el fiscal Gastón Dalmau. Y hasta ahora, no hay imputación formal.
Viene de hace tiempo pero, ahora, el juez Juan Ignacio Gasparini habilitó al inversor Darragona para que intervenga en el expediente como querellante. El denunciante está representado por la abogada Guillermina Fruci.
El nuevo frente judicial
Darragona expuso que firmó un contrato de compraventa con Nelson Razzini por seis unidades inmobiliarias que desarrollaron terceros relacionados comercialmente con el grupo familiar.
Los abogados de Razzini señalaron que ese acuerdo tenía fecha límite para completar las escrituraciones el 7 de julio de 2025. Pero que, al momento de transferir la titularidad de los departamentos, la mitad no pudo escriturarse y el resto quedó pendiente. Y en ese momento, explicaron, el holding entró en concurso de acreedores.
La querella, en cambio, rechaza que el incumplimiento derive solo de las dificultades financieras del grupo. Argumenta que existió una maniobra deliberada para obtener dinero mediante la comercialización de inmuebles que los vendedores sabían que no estaban en condiciones de transferir.
Los desarrolladores de los inmuebles, por su parte y según la versión de la querella, le confiaron al denunciante que dudaban de la capacidad de los Razzini para concretar las transferencias. Entre otras cosas, por pagos pendientes. El entorno del inversor sostiene que hubo un «ardid» porque firmaron el contrato de compraventa a sabiendas de que no lo iban a poder honrar.
Antibloqueos
Verónica Razzini creó en 2021 el llamado «Movimiento Empresarial Antibloqueo» como respuesta a un duro conflicto con camioneros que a su vez desafiaban la conducción nacional de los Moyano. Lo hizo con el aval de la ahora senadora nacional Patricia Bullrich, y de la actual senadora bonaerense Florencia Arietto.
El grupo del que surgió esa movida acumuló luego una deuda superior a los 500 millones de pesos en cheques rechazados por falta de fondos. Los damnificados aseguran que fue consecuencia de un plan de expansión comercial ambicioso sin el respaldo económico adecuado. Todo eso derivó en un pedido de concurso de acreedores.
Ahora, el representante legal del consorcio en el frente penal es el mismo que el del movimiento anti sindical, Pablo Salvatori. El penalista fue uno de los asesores de los Razzini en la cruzada contra el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, conducido por Sergio Aladio. Un conflicto que resonó por los bloqueos a instalaciones de empresas y que, en paralelo, proyectó la figura de la después diputada.
Para Salvatori, no hay delito en la falta de escrituración de los departamentos. Y cuestionó al denunciante por no incluirse en el concurso si es que se consideraba acreedor y litigar en cambio en el fuero penal, cuando según su criterio debería haberlo hecho en el civil.
El abogado, además, remitió a los desarrolladores de los departamentos la decisión de postergar las escrituraciones, reclamadas por la querella, en función de deudas que reclamaban a la familia por, entre otras cosas, provisión de materiales de construcción.
