Por Martina Varela / Especial para El Ciudadano
Este viernes se llevará a cabo la audiencia imputativa contra Mariano Soria, docente y militante de la Asamblea de Acción por Palestina. En diálogo con El Ciudadano, su abogada defensora e integrante de la APDH Gabriela Durruty denuncia un uso «desproporcionado e ilegítimo» del aparato penal, allanamientos nocturnos y la incautación de libros de estudio para criminalizar la libertad de expresión.
En lo que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) califica como un hecho sin precedentes en Rosario desde la recuperación democrática, la Justicia federal imputará este viernes a las 13 al docente y militante de Izquierda Socialista Mariano Soria bajo la acusación de infracción al artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria. Sin embargo, antes de que se formalice el cargo, la defensa técnica solicitará la nulidad absoluta de todo el expediente.
El caso tuvo su inicio a partir de una denuncia privada presentada por el empresario Gustavo Tenembaum —propietario de la firma Cecchini—, quien señaló a Soria como presunto “cabecilla” de las manifestaciones realizadas frente a sus locales comerciales en repudio a las acciones militares en la Franja de Gaza.
Lo que comenzó como una presentación individual derivó en un despliegue estatal desmedido: la convocatoria al Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), meses de escuchas telefónicas, seguimientos fotográficos, entrevistas a vecinos y dos allanamientos nocturnos autorizados de manera excepcional por el juzgado, describe Durruty.
«Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar una denuncia, pero lo gravísimo aquí es la reacción absolutamente desproporcionada e ilegítima del servicio de justicia», advierte Durruty, abogada querellante en causas de lesa humanidad e integrante del equipo defensor de la APDH.
«Los allanamientos son medidas legales excepcionales que violentan derechos; reservarlas para investigar una supuesta infracción a la Ley Antidiscriminatoria mediante una brigada antiterrorista no tiene justificación alguna», sostiene.
Libros secuestrados y un procedimiento que evoca al pasado
Soria es profesor de Historia graduado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y ejerce en escuelas secundarias de la ciudad y dependencias del Ministerio de Educación provincial. Durante el operativo nocturno en su domicilio, los efectivos policiales secuestraron material bibliográfico vinculado con su labor docente e historiográfica sobre el conflicto en Oriente Medio, además de un arma de colección inactiva y un objeto medieval de adorno.
«Secuestraron libros de historia sobre la revolución palestina e incluso la obra de un autor víctima del Holocausto, pretendiendo utilizarlo como prueba de expresiones antisemitas. El procedimiento nos recordó a los allanamientos de la dictadura por la nula proporcionalidad y la falta de criterio técnico: veían la palabra «Palestina» y se la llevaban», enfatiza Durruty.
Respecto del encuadre penal, la letrada remarca la trampa de utilizar una norma conquistada por los movimientos populares para restringir derechos fundamentales: «La Ley Antidiscriminatoria es un logro social, pero aquí se pretende usar como un laboratorio para violentar la libertad de expresión. La jurisprudencia es clara: la libertad de expresión se protege precisamente cuando incomoda. Condenar un genocidio o repudiar acciones militares en el ámbito público jamás puede tipificarse como un delito de odio».
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Un precedente peligroso para la militancia
En la audiencia fijada para este viernes, la defensa —conformada por Durruty junto con Julia Giordano, Jesica Pellegrini y Federico Pagliero— interpondrá en primer término las nulidades planteadas, al considerar que se vulneraron garantías constitucionales básicas y que ni siquiera se justificó la competencia de la Justicia federal ni la «intervención antiterrorista».
Asimismo, la defensa anticipa que la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares o restricciones sobre la libertad de Soria, a las cuales se opondrán de manera categórica.
«Si esta causa avanza, el precedente político e institucional es de una gravedad inusitada», concluye Durruty. «Perseguir y criminalizar a ciudadanos por organizarse y expresar ideas disidentes ante una masacre transmitida en vivo al mundo nos retrotrae a un orden autoritario. Como sociedad civil tenemos la obligación de impedir que el derecho penal sea utilizado para acallar la protesta».
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