Seis minutos alcanzaron para fulminar la esperanza de los abogados defensores y los asesinos de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez. Las penas de 33, 32, 30 y 24 años que el tribunal impuso a Sebastián Sprío, Sergio Rodríguez, Daniel Delgado y Mauricio Palavecino son mucho más de lo que esperaban. No sólo por la cantidad de años, más aún que los solicitados por la fiscalía, sino porque conllevan un mensaje para quienes están acostumbrados a zafar de la Justicia con el sólo arte de surfear las grietas del sistema judicial y sus debilidades.
El fallo por el triple crimen tiene efectos reparadores en diferentes sentidos. En lo individual, fue elocuente la reacción de familiares y amigos de las víctimas. En lo comunitario, fue como la noticia rebelde que contrasta con lo que se puede ver, escuchar y leer cada día. Un alivio entre tanta impunidad y tanto debate sobre la puerta giratoria de la Justicia.
En este caso se llegó a una condena contundente, pero eso no siempre ocurre. Ni siquiera la mayoría de las veces. Acá se logró reunir pruebas que no suelen abundar a lo hora de enjuiciar este tipo de crímenes. Hubo escuchas telefónicas, pero también hubo testigos, sobrevivientes, familiares que sobrellevaron el proceso a pesar de las amenazas y el terror durante 3 años. Y la particularidad es que hubo un respaldo militante de organizaciones sociales y políticas que impidieron que la Justicia se duerma y ayudaron a sortear las trampas de los sectores policiales involucrados.
El otro Palacio
A 25 cuadras de los Tribunales, donde se vivía un día histórico, en el Palacio Vasallo los concejales iniciaban las acostumbradas negociaciones de diciembre para definir una nueva tarifa del transporte urbano, el presupuesto 2015, el aumento de la Tasa General de Inmuebles y la renovación de autoridades del propio Concejo. Es como el juego de pool: cada movida es a más de una banda a la vez.
Para cualquiera de esos asuntos el Ejecutivo necesita votos de la oposición, por eso después de haber recibido a todos los bloques la intendenta ordenó abrir los proyectos a las sugerencias de quienes estén dispuestos a acompañar.
Campo de negociación
Los concejales usarán todo el fin de semana largo para buscar acuerdos. El oficialismo tiene que convencer a algún o algunos sectores de la oposición, y a la vez garantizarles una dosis de protagonismo para que acompañen. En ese sentido, el planteo de máxima del gobierno municipal, que es conseguir un aumento segmentado de TGI 78,5% más que este año, o un boleto a 5,68 pesos, ofrece un ancho margen para discutir
alternativas.
El escenario es también entreverado para la oposición. Más preciso: es entreverado para los, al menos, siete núcleos de concejales de la oposición.
Cada posicionamiento político de estos grupos tiene que marcar diferencias con el gobernante Frente Progresista por un lado, y por el otro con el resto de los concejales con los que en cinco meses disputarán en las urnas el voto de la oposición (esta semana se conocerá el cronograma electoral).
En ese contexto cada uno explota su mejor perfil: Héctor Cavallero, que este martes conmemora los 25 años de su asunción como primer intendente socialista del país, es un hombre de gestión; el PRO se muestra expectante para gobernar la ciudad en 2015; el Frente para la Victoria tiene lanzado a Roberto Sukerman para intendente y pretende que Norma López renueve su destacado lugar institucional entre las autoridades de la ciudad.
El caso más impredecible es el del bloque Radical, integrado por Jorge Boasso, María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale. Boasso es hace tiempo un claro opositor y ahí no hay sorpresas; pero en los otros dos casos componen un subgrupo que de tantas idas y vueltas desde 2011 hasta acá difumina su identidad política. ¿Son oficialismo, oposición, una tercera vía? ¿Dónde juegan, en qué proyecto político?
Diciembre
La prioridad del gobierno de Antonio Bonfatti es prevenir y evitar los desbordes sociales que en los últimos diciembres argentinos se volvieron tan tradicionales como los Villancicos.
Hace varias semanas que hay un aceitado diálogo con organizaciones sociales y agrupaciones políticas, reuniones permanentes, intercambio de información y atención de demandas que pudieran prestar chispa para algún tipo de conflicto.
El gobierno nacional puso en alerta a los gobiernos provinciales, en especial a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En este último Daniel Scioli suspendió todas las licencias al personal de las áreas sociales y las fuerzas de seguridad. Alcanzó a incorporar 10 mil nuevos agentes a la Bonaerense en lo que llamó “la mayor campaña de reclutamiento policial de todos los tiempos». Bonfatti hizo lo propio, al ponerse al frente de 900 cadetes que salen a las calles “en comisión” tras haber terminado su primer año de cursado. En paralelo, empezó a verse más policía en las calles. Según el gobierno, son 100 móviles por turno contra los 33 que había. Ahora hay que hacerlo durar en el tiempo.
Los funcionarios santafesinos recalcan que la situación es “muy diferente” a la del traumático diciembre de 2013, ocasión en la que la peor parte se la llevaron los cordobeses.
Diferente o no, el gobierno nacional dio muestras de estar en alerta. El mensaje de la Secretaría de Seguridad de la Nación, y que acá se repite, es que la preocupación no es un por un clima social de ebullición, sino por supuestos movimientos de sectores políticos interesados en repetir episodios de diciembres pasados.
“Las demandas de la Policía están atendidas” y “la situación en cuanto a recursos policiales es mucho mejor”, afirman en Santa Fe. En ese sentido, hasta junio pasado cuando prorrogó la ley de emergencia de seguridad, el gobierno invirtió 220 millones en 18 meses para compra de vehículos de todo tipo, armas, municiones, chalecos antibalas, elementos antitumulto, equipamiento para bomberos, construcciones para dependencias de seguridad, centros alternativos de denuncias y subsidios para que los municipios monten sus sistemas de videovigilancia.
A eso hay que agregarle otros dos frentes en los que se concentró la Casa Gris. El político-institucional, con reuniones constantes con organizaciones sociales, punteros, iglesia, vecinalistas, empresarios y comerciantes; y el de infraestructura social, cuya llave es el Plan Abre.
Cuando nada parece alcanzar
Sin embargo, la situación tomó una dimensión y complejidad tal que ni en los diciembres de los mejores años de la última década estuvieron ausentes desbordes y conflictos. Es que los recursos económicos son una condición indispensable y primordial, pero no la solución. Las dos ejecuciones en 48 horas y el tiroteo en el que hirieron grave a una madre adolescente en Tablada, casos motivados por el enfrentamiento de bandas que disputan el control territorial para sus negocios ilegales, muestran esta complejidad.
Ese sector del Cordón Ayacucho entre Doctor Riva y Uriburu es un buen ejemplo de lo arduo de la tarea. En materia de seguridad esa zona caliente donde la Policía es parte del problema fue asignada a Gendarmería. Además, Municipalidad y provincia intentan allí reconstruir la trama urbana abriendo calles de este a oeste, entre Ayacucho y Colón.
Abrir Centeno, la primera y hasta ahora única cuadra, demandó un año: censos, diálogo, negociaciones, desalojos, reasignación de terrenos y viviendas para liberar la traza, ocuparse familia por familia. Una persistente, delicada y hasta peligrosa labor de funcionarios y empleados de áreas sociales que tienen que entrar a un territorio donde viven familias laburantes pero que está estratégicamente ocupado para asegurar la circulación de estupefacientes y de quienes los reparten, y controlar la amenaza de adversarios.
Claro que el Estado tiene responsabilidad en que nacieran como hongos los búnkers y se consolidasen bandas como las que se matan en Tablada, pero traer el ejemplo tiene su sentido: en tanto se pretende revertir la situación, el caso de la calle Centeno muestra cómo una paciente, esforzada y costosa intervención del Estado, en este caso con más peso simbólico que otra cosa, corre el riesgo de retroceder varios pasos a poco de andar.
