Un nuevo escenario de vulnerabilidad tecnológica sacude a la administración pública argentina. Al reciente incidente confirmado por el Gobierno de la Provincia de Formosa —que debió apagar y desconectar preventivamente toda su infraestructura digital el pasado sábado 31 de octubre tras sufrir una intromisión en sus redes—, se suma un grave ciberataque detectado en la provincia de Córdoba que impactó en más de 200 municipios y comunas de distintos puntos del país.
El hecho ocurrido en territorio cordobés se originó a partir de un ataque de tipo ransomware contra la firma Program Consultores S.A. (PGM), una empresa radicada en Córdoba que desde 1990 provee software de gestión administrativa y tributaria a gobiernos locales. El incidente, advertido desde el viernes 23 de octubre, afectó a unos 250 municipios de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, San Luis y Corrientes, dejándolos temporalmente sin capacidad para emitir cedulones de tasas, cobrar impuestos o procesar trámites digitales.
Respuestas de contención y contingencia
Mientras que en Formosa la estrategia oficial ante la intromisión consistió en aplicar un aislamiento preventivo de las plataformas (“con el propósito de contener el incidente, evitar su propagación y preservar la integridad de los sistemas y de la información”, según informaron fuentes provinciales), en Córdoba las cuadrillas técnicas de la empresa proveedora debieron desplegarse en los distritos afectados para formatear servidores e intentar restablecer los servicios a partir de las copias de respaldo (backups).
En la región cordobesa, comunas y ciudades como Villa Nueva, La Playosa, Tío Pujio, Ausonia, Etruria, Ticino, Dalmacio Vélez Sarsfield y Oncativo vieron alterada su operatoria diaria. En varios casos, las autoridades debieron coordinar tareas a contra reloj ante la inminencia de la liquidación y pago de salarios al personal municipal.
Desde PGM confirmaron la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de Instrucción y descartaron, al igual que los municipios consultados, la existencia de filtraciones masivas de datos o solicitudes confirmadas de rescates millonarios, enmarcándolo como un cifrado de archivos en servidores específicos.
Un fenómeno en aumento
Ambos sucesos, ocurridos con pocos días de diferencia entre finales de octubre y principios de noviembre, vuelven a dejar en evidencia la fragilidad de las arquitecturas digitales gubernamentales. Ya sea mediante ataques directos a la infraestructura de un estado provincial como en Formosa, o golpeando la cadena de suministro de software a través de un proveedor privado como en Córdoba, la ciberdelincuencia consolida a la gestión pública como uno de sus objetivos principales.
Un fenómeno global: la vulnerabilidad ciberfísica en la mira
El contexto local no es aislado: la vulnerabilidad de las infraestructuras conectadas a la red viene de mostrar su faceta más crítica a nivel global. Esta misma semana, una oleada de ciberataques contra sistemas de control industrial (IoT) paralizó las cadenas de frío de decenas de supermercados en Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Estonia. Los atacantes manipularon a distancia la temperatura de congeladores y heladeras —alcanzando marcas de hasta 70 °C— para forzar la pérdida masiva de insumos frescos y alimentos congelados. El hecho evidencia cómo la ciberdelincuencia internacional comenzó a migrar del tradicional secuestro informático de datos hacia el sabotaje ciberfísico de infraestructuras de suministro básico y de la economía real.
