El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe fijó en el calendario judicial la fecha para dictar una sentencia que podría sentar un antecedente fundamental en la historia de las violaciones de derechos humanos del país: Laguna Paiva II llega a su final. La causa juzga por primera vez el abandono de persona padecido por 11 niñas, niños y adolescentes y el secuestro de otros cinco durante la última dictadura militar. Los crímenes sucedieron en 1980. Este jueves se escucharon los alegatos de la querella (representada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Rosario) y del Ministerio Público Fiscal. El jueves 30 será el turno de la defensa. Y el 7 de agosto se conocerá la sentencia.
El tribunal está conformado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.
«Creemos, como siempre, que después de 46 años de lucha y de pedido de justicia nos merecemos esta atención para cerrar una etapa tan difícil que venimos soportando, marcada por la indiferencia, el olvido y la impunidad de genocidas que circulaban con total libertad por nuestras calles», manifestó Mario Páez, el hijo mayor de la familia querellante, al medio LT10.
La primera condena en este juicio fue en 2021. La causa Chartier es mejor conocida como Laguna Paiva, ya que la mayoría de las víctimas era de esta localidad 40 kilómetros al norte de la capital santafesina. La mitad de las víctimas tenía entre 1 y 15 años al momento de los hechos. Además, se investigan los delitos de secuestros, torturas y violación de domicilio cometidos contra 27 personas en 1980.
La hermana de Mario Páez, María, subrayó: «Fue muy doloroso escuchar los testimonios de las violaciones sufridas por mi tía, mis primas y mis hermanos. Esperamos que esta sea la última vez y que haya una sentencia que nos deje conformes, lo que significaría el máximo de la pena e implique la revocación del arresto domiciliario. Quienes actuaron de manera desalmada contra criaturas indefensas deben cumplir la condena en la cárcel».
El abandono como crimen: el primer juicio de la dictadura por las infancias de Laguna Paiva
El abandono de personas como precedente jurídico
Durante la fase de alegatos finales, los abogados querellantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) requirieron las penas máximas para los imputados y remarcaron el carácter novedoso en materia de doctrina que representa este expediente.
«Traemos la novedad del delito de abandono de personas y entendemos, con la abundante prueba colectada en los dos debates orales, que el tribunal tiene el deber histórico de hacer lugar al pedido de esta querella», indicó el abogado Federico Pagliero.
Entre los procesados se encuentra el exjuez federal Víctor Brusa, quien durante la dictadura era secretario del Juzgado Federal y posteriormente fue juez federal de Santa Fe. De acuerdo con lo argumentado por la querella, a lo largo del juicio se comprobó su intervención criminal directa, tras haber formado parte de la jauría represiva que se presentó en las viviendas de los afectados, participado en las capturas e incurrido en el desamparo de las infancias.
Los demás acusados son: Antonio Parvelotti, quien era subjefe del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santa Fe; el abogado y policía Oscar Alberto Cayetano Valdéz, quien ya tiene una condena a prisión perpetua por su intervención en la masacre de Ituzaingó y Las Heras de Santa Fe en 1977; y Eduardo Enrique Riuli, que ya fue condenado en Laguna Paiva I. Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva, también estaba incluido como acusado cuando se elevó a juicio la causa pero murió antes que inicie el debate.
