La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario advirtió que el proyecto impulsado por la Red de Instituciones por la Producción permitiría frenar el pago de sentencias ya ganadas, exigir garantías económicas a los trabajadores e imponer una instancia administrativa previa de hasta cuatro meses. «Está hecho por y para los empleadores», denunciaron
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario (AALR) rechazó el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Santa Fe al considerar que perjudica a los trabajadores y no ofrece soluciones concretas para reducir las demoras existentes en los juicios laborales.
La propuesta fue impulsada por la Red de Instituciones por la Producción de Rosario. Según denunció la entidad de abogados laboralistas, en su elaboración no participaron representantes sindicales, trabajadores, colegios profesionales ni integrantes del Poder Judicial.
«Es un proyecto hecho por y para los empleadores. No participaron trabajadores, sindicatos, colegios de abogados ni jueces», sostuvo la Comisión Directiva de la AALR, presidida por la abogada Cecilia Cozzi.
AALR cuestionó cinco puntos del proyecto y advirtió que, si se aprobara en los términos planteados, podría limitar el acceso de los trabajadores a la Justicia y demorar todavía más el cobro de créditos laborales.
Una de las principales objeciones está relacionada con la posibilidad de que los procesos judiciales se den por terminados después de nueve meses de inactividad. De acuerdo con la interpretación realizada por la AALR, los juicios podrían caerse sin que previamente se notificara al trabajador, incluso cuando la demora estuviera originada en trámites o decisiones que no dependieran de su actuación.
Los abogados laboralistas también cuestionaron la incorporación de mayores exigencias económicas para solicitar determinadas medidas durante el proceso. Según explicaron, la reforma haría más difícil embargar bienes o requerir asistencia médica urgente porque obligaría al trabajador a presentar una garantía económica, requisito que actualmente no se exige.
Otro de los puntos objetados permitiría que una empresa frenara el pago de una sentencia favorable al trabajador con la sola presentación de un recurso, aunque el reclamo ya hubiera sido reconocido en dos instancias judiciales.
Para la Asociación, estas modificaciones no aceleran el funcionamiento de la Justicia laboral, sino que incorporan nuevas herramientas capaces de postergar el cumplimiento de las sentencias y dificultar el acceso efectivo de los trabajadores a los derechos reconocidos judicialmente.
El proyecto también propone que, antes de iniciar una demanda laboral, el trabajador deba atravesar una instancia administrativa obligatoria denominada SECLAP. La AALR advirtió que ese procedimiento podría extenderse entre tres y cuatro meses y que no contaría con un presupuesto asegurado para garantizar su funcionamiento.
La entidad cuestionó que se incorpore un nuevo paso obligatorio sin resolver previamente la falta de recursos, personal e infraestructura que afecta al sistema judicial. Los abogados laboralistas también objetaron la creación de un registro de alegatos. Aunque reconocieron que la herramienta puede presentarse como una forma de ordenar los procesos, señalaron que tampoco tendría el financiamiento necesario para funcionar en todos los juzgados laborales de Santa Fe.
La organización sostuvo que estas medidas podrían terminar sumando demoras a los reclamos, en lugar de agilizar el cobro de salarios, indemnizaciones y demás créditos de naturaleza laboral.
Frente al proyecto impulsado por las entidades empresarias, la Asociación presentó una serie de medidas para afrontar lo que considera los verdaderos problemas de la Justicia laboral santafesina. En primer lugar, reclamó la publicación de datos oficiales que permitan conocer cuánto demora cada etapa de los juicios. Para la entidad, contar con esa información permitiría identificar los principales obstáculos y discutir modificaciones basadas en evidencia.
También propuso crear más juzgados laborales, con jueces, funcionarios y personal especializado en Derecho del Trabajo, además de mejorar la eficiencia de los trámites para acelerar el cobro de los créditos reconocidos a los trabajadores.
La AALR incorporó entre sus reclamos el fortalecimiento de las inspecciones laborales para prevenir el empleo no registrado y los accidentes de trabajo. De esa manera, planteó que una reforma integral no debería limitarse al funcionamiento de los tribunales, sino también avanzar sobre las causas que originan numerosos conflictos.
Finalmente, la organización sostuvo que la iniciativa cuestionada viola principios establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. Los abogados laboralistas exigieron que cualquier modificación del procedimiento laboral sea discutida con la participación de trabajadores, sindicatos, colegios profesionales, jueces y demás actores vinculados con el mundo del trabajo.
«Rechazamos este proyecto y exigimos que se debata una verdadera reforma procesal que agilice la Justicia laboral sin quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras de Santa Fe», concluyó la AALR.
Fuente: Mundo Gremial
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