Ante la jueza, el exfuncionario del MPA admitió haber desviado los $425 millones de cuentas judiciales para financiar su adicción al juego. Aseguró que no existía una "asociación ilícita" y que él "arrastró" a los demás implicados. La defensa de otro imputado coincidió: "No hay una banda, se conocieron en el casino por una enfermedad"
El ex fiscal Mariano Ríos Artacho reconoció ser ludópata
En el marco de la audiencia imputativa por el escandaloso desvío de $425 millones de cuentas bancarias del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el ex fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho rompió el silencio con una dramática confesión personal: reconoció abiertamente ser ludópata y afirmó que su adicción al juego fue el único motor detrás de las maniobras ilícitas.
“Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”, admitió Ríos Artacho al pedir la palabra ante la jueza María Trinidad Chiabrera. El exintegrante de la Unidad de Delitos Económicos se disculpó ante las autoridades y su familia, revelando que su patología comenzó en 2013, cuando ejercía como funcionario judicial en la jurisdicción de Melincué.
Su declaración apuntó de lleno a voltear el argumento principal de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, quienes lo acusan de liderar una asociación ilícita con otras 11 personas para desvalijar cauciones y fianzas judiciales. Según la postura del propio exfiscal, no existió una ingeniería criminal organizada ni una banda estructurada, sino que fue él quien, cegado por su adicción y a través de sus órdenes, “arrastró” al resto de los sospechosos a participar en las maniobras.
El eje de la ludopatía cobró aún más fuerza tras las declaraciones de Gonzalo Rucci, abogado defensor de Fabricio Emanuel Romero, uno de los señalados por la Fiscalía como organizador de la red. El letrado confirmó que su cliente también padece una severa adicción al juego y rechazó categóricamente la figura de la asociación ilícita.
«No existe tal banda organizada para cometer delitos. Acá es un grupo de gente que se conoció en salas de casino por una misma enfermedad que los enceguece», argumentó Rucci.
El abogado explicó que los frecuentes viajes que la Fiscalía detectó hacia Buenos Aires, Victoria (Entre Ríos), Uruguay y Brasil no respondían a la logística de una banda criminal, sino a la propia dinámica de la enfermedad. Según detalló, los apostadores compulsivos suelen «autoexcluirse» de los casinos santafesinos para frenar su impulso, lo que los lleva a cruzar las fronteras provinciales y nacionales donde no rige la restricción de ingreso.
Para las defensas, la revelación del problema de salud mental no busca negar el desvío del dinero público, sino reencuadrar el caso para morigerar las futuras condenas. “La ludopatía viene a atenuar al momento de castigar un delito”, enfatizó Rucci, señalando que la enfermedad genera una «doble personalidad» en la que los involucrados pierden la noción del origen de los fondos.
Sin embargo, para los fiscales Spelta y Cerliani, el argumento de la adicción no anula la gravedad del delito institucional. La fiscalía sostiene que, más allá de la compulsión por el juego, existió una compleja rutina para confeccionar oficios falsos, triangular dinero hacia prestanombres y realizar depósitos en efectivo para «tapar los faltantes» antes de los controles judiciales.
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