Ahora, trasladan presos que estaban en comisarías de Rosario a penales provinciales

Después de que el Gobierno santafesino dispusiera el realojamiento de presos con causas por narcotráfico y crímenes en los repuestos pabellones de alto perfil de los penales provinciales, este miércoles hubo un nuevo paso en sintonía con la refuncionalización  de las tareas de la policía: el traslado de detenidos que permanecían en comisarías de Rosario a cárceles. Fueron 86 privados de libertad en las seccionales 12°, 15° y 32°.

“Tal como estaba programado, comenzó el plan de vaciamiento de las comisarías en Rosario, procediéndose al traslado de detenidos a la Alcaidía. La primera fue la comisaría 15° y luego siguió con la comisaría 12° y la 32°″, explicaron voceros oficiales.

«Estamos trasladando presos de las comisarías para llevarlos al servicio penitenciario. Se levantaron 30 custodias fijas, por lo cuál se vio reforzado el patrullaje preventivo», refirió el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, en conferncia de prensa y luego de que balearan una sucursal del Banco Macro y el frente del hospital de emergencias Heca, en este caso con un mensaje dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro por su decisión de reponer los pabellones de alto perfil, en particular en el penal de Piñero.

El traslado de los detenidos en comisarías no es sorpresa. Fue anunciado y argumentado en los intentos y fugas consumadas, además de motines, ocurridas en los últimos tiempos y en la voluntad de sacarles a los policías de las seccionales la tarea de cuidar a los presos para que salgan a patrullar en territorio. “Vamos a poner a la Policía en la calle”, había prometido Pullaro el lunes último durante el acto de puesta en funciones de la nueva conducción de la jefatura de la Policía de Santa Fe, ahora en manos de Luis Maldonado y Daniel Filchel.

En concordancia con ese objetivo, además, se desplegó una tarea de relevamiento de los móviles policiales fuera de servicio en las comisarías. De los 20 operativos que hay en la actualidad en Rosario, la meta es llegar a unos 200. Junto con eso, se resolvió que por 90 días se suspendían las tareas administrativas de los uniformados en las dependencias, que se trasladan a otras áreas, para que el personal desligado de esas funciones también se vuelque a las tareas de prevención en seguridad. Por el mismo lapso, por último, el Ejecutivo provincial suspendió el uso de licencias en la fuerza.