La decisión del Gobierno nacional de establecer "arancel cero" para la importación de telefonía móvil genera incertidumbre en el polo electrónico. Advierten sobre un efecto dominó que podría golpear al comercio y los servicios en las principales ciudades de la isla.
Tierra del fuego producción de celulares
El escenario económico de Tierra del Fuego enfrenta uno de sus desafíos más complejos en años. Tras la publicación del Decreto 333 en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei oficializó la quita total de aranceles para la importación de teléfonos celulares, una medida que busca abaratar costos para los consumidores, pero que ha encendido todas las alarmas en el sector productivo austral.
Según estimaciones del gobierno provincial y de las principales cámaras industriales, el impacto inmediato de esta apertura comercial pone en riesgo directo a entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo. El sector electrónico, que emplea a la gran mayoría de los 7.569 trabajadores industriales registrados en la provincia, es el corazón del régimen de promoción y el blanco directo de esta nueva política.
El debate no es nuevo, y en la isla el recuerdo de la gestión de Mauricio Macri está presente. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue tajante al respecto: “Nos dicen desde Buenos Aires que esto es para bajar precios. Ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó”.
Pérez hace referencia a la quita de aranceles para notebooks y tablets aplicada en 2017. En aquel entonces, la producción local se desmanteló casi por completo, pero los precios finales al consumidor no mostraron la baja prometida, siendo absorbida la diferencia por los márgenes de comercialización de los importadores.
Desde los municipios de Río Grande y Ushuaia advierten que el daño no se limita a las líneas de montaje. La estructura económica de Tierra del Fuego depende de la circulación del salario industrial. “Cada puesto industrial que se pierde repercute en comercios minoristas, transporte, logística y gastronomía. Es un golpe al corazón del consumo local”, señalan desde el entorno provincial.
La industria electrónica representa el 83% del empleo fabril de la isla. La preocupación radica en que, ante la competencia de productos terminados provenientes del sudeste asiático con arancel cero, las empresas locales pierdan el incentivo para mantener las líneas de ensamblado, prefiriendo mutar hacia un esquema meramente importador.
Mientras el Ejecutivo nacional defiende la medida como una herramienta para ganar eficiencia y «devolverle libertad de elección a los argentinos», en Tierra del Fuego el discurso se centra en la defensa de la soberanía.
Para las autoridades fueguinas, el régimen no es un conjunto de «privilegios», sino una política de Estado que garantiza el poblamiento de una zona estratégica del país. La disputa queda planteada: una carrera por bajar precios versus la necesidad de sostener el tejido social y productivo en el punto más austral de la Argentina.
La eliminación del arancel no solo amenaza a las grandes marcas de celulares; pone en peligro de extinción a decenas de empresas locales que proveen servicios y logística a las plantas. Sin la fabricación local, el tejido pyme fueguino se queda sin clientes.
Mientras los grandes titulares se centran en las líneas de montaje de las terminales, en los parques industriales de Río Grande y Ushuaia crece la preocupación por un sector que rara vez aparece en las estadísticas nacionales: las pymes de servicios y suministros.
Para estas empresas, que no fabrican el celular pero hacen posible su producción, el fin del arancel es una sentencia de muerte por «inanición» de demanda.
El sector logístico es el primer eslabón en sentir el impacto. Las pymes dedicadas al transporte de componentes desde el puerto a las plantas, y de productos terminados hacia el continente, enfrentan una caída drástica de actividad.
El problema: Si el celular llega directamente en caja desde el puerto de Buenos Aires al punto de venta, desaparece la necesidad de los fletes internos, el almacenaje de componentes y la gestión de inventarios en la isla.
Las plantas electrónicas requieren un mantenimiento constante: desde servicios de limpieza industrial y seguridad, hasta ingeniería especializada en mantenimiento de maquinaria de alta precisión.
La amenaza: Una planta que detiene sus líneas de ensamblado para convertirse en un depósito de productos importados ya no requiere mantenimiento de maquinaria, calibración de equipos SMT (tecnología de montaje superficial) ni repuestos técnicos locales.
Tierra del Fuego cuenta con una red de proveedores que fabrican desde cajas de cartón y manuales de usuario hasta el packaging específico que protege los dispositivos.
La realidad: El producto importado viene «llave en mano», con su caja y manuales de origen. La industria gráfica local, que invirtió en maquinaria para cumplir con los estándares de marcas globales, queda fuera de juego.
Desde las cámaras empresarias fueguinas advierten que, a diferencia de las grandes multinacionales que pueden absorber pérdidas o cambiar su modelo de negocios a la importación pura, las pymes no tienen plan B. Su capital es su infraestructura en la isla «La pyme no puede mudar su empresa a Buenos Aires para importar. Si la fábrica de celulares cierra la línea, la pyme que le corta el césped, la que le provee el catering a los operarios y la que mantiene sus sistemas, cierra también», explica un referente del sector pyme de Río Grande.
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