Amsafe extiende medidas de fuerza en la provincia

Además de ratificar su adhesión al paro nacional de CTERA, que tendrá lugar el martes próximo, los docentes públicos santafesinos sumarán una medida de fuerza propia, que contempla un paro para el 5 de octubre, con movilización a la ciudad de Santa Fe.

Así lo definió ayer la asamblea provincial de Amsafé por amplia mayoría, con el voto de 27.496 docentes. El principal reclamo –tanto al gobierno nacional como al de Santa Fe– es la reapertura de las paritarias. Los docentes consideran que la inflación de este año ya superó el aumento que, en el caso de Santa Fe, llegó al 35% con el sueldo de agosto.

La medida de fuerza se enmarca en un plan de lucha que los docentes de todo el país comenzaron con el paro del 24 de agosto pasado.

En diálogo con El Ciudadano, el secretario gremial de Amsafé Javier Almirón señaló que el gremio consideró necesario sumar un paro propio, teniendo en cuenta que los reclamos nacionales y provinciales no son los mismos.

“El nacional es contra el ajuste que se está llevando adelante en materia de educación. Hay recortes en el presupuesto, el gobierno nacional intenta modificar el piso salarial y están desmantelando programas como Progresar y Conectar Igualdad”, señaló el gremialista. Y diferenció: “A la provincia le reclamamos la reapertura de las paritarias, porque con el sueldo de agosto alcanzamos un 35 por ciento de aumento y la inflación ya superó ese número”.

Además, Almirón señaló que el gremio también se opone a “los recortes de licencias por salud”, que el gobierno provincial intenta implementar. “Esa famosa tablita tiene un criterio económico más que médico y su finalidad es imponer una lógica de ajuste sobre la salud de los trabajadores”, explicó.

“La jubilación, en peligro”

Según Almirón, la denominada ley de Reparación Histórica aprobada por el Congreso “se presenta como un peligro para la jubilación docente”, por lo que es otro de los puntos a reclamar.

Ctera ya había expresado su rechazo. En un comunicado, consideró que esta ley, presentada por el gobierno nacional como una reparación a los jubilados que se les estaba pagando menos de los que les correspondía, “establece una extorsión lisa y llana a las provincias, autorizando a la Ansés a auditar a los sistemas previsionales provinciales”.

Desde el 27 de julio pasado, fecha en la que se reglamentó la ley, comenzó a correr un plazo de 120 días para que las provincias firmen su compromiso de armonización previsional.

En Santa Fe, los docentes jubilados cobran el 82% móvil, que Nación no lo paga, por lo que es uno de los principales derechos por los que velar.