Antes de la sentencia, un verborrágico Videla justificó el terrorismo de Estado

En una extensa exposición a la que tituló «Manifestación ante los jueces», en principio ideada para desarrollar «en 60 minutos de lectura rápida» pero luego resumida ante la sugerencia de los magistrados, el dictador Jorge Rafael Videla habló de «nuestra última guerra interna», al serle concedida la última palabra en el juicio que lo imputa por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba durante la dictadura militar.

Alegó que los hechos ocurridos durante los años de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 fueron originados por una «agresión terrorista» luego «tergiversados» por «una visión sesgada de la realidad».

Relacionó a la militancia política -a los que llamó con ironía- «jóvenes idealistas»- con la figura del «Che» Guevara y aseguró que «salieron a matar» para alcanzar sus objetivos. Dijo que «estaban entrenados en Cuba» y respaldados económicamente «por Rusia», o a través de golpes bancarios o con el dinero proveniente de «secuestros extorsivos». También acusó a los militantes de «utilizar mujeres embarazadas como escudos humanos».

Luego criticó a la Triple A, a quien llamó una organización «ilegal» cuyo enfrentamiento con «grupos subversivos» derivó en «un Far West vernáculo».

«Mucha sangre se había derramado», dijo para justificar la intervención del Ejército, y apeló a titulares de diversos periódicos, un informe de Amnesty y palabras del papa Juan Pablo II sobre la «ferocidad» de las acciones de «la guerrilla» que, según sus palabras, culminaron en una «orgía de violencia».

«El país vivía un clima agobiante signado por angustia ante la dimensión que adquiría la agresión terrorista», relató Videla, y dio detalles de la reunión mantenida con el presidente provisional Ítalo Luder: «Dije entonces: habiéndose agotado la instancia de represión y ante la inoperancia de la Justicia que no había dictado una sola condena desde 1973, que parecía haber llegado el momento de emplear a las Fuerzas Armadas. Esto significaba de hecho reconocer el estado de guerra interna».

Sobre el final, Videla criticó a quienes «hacen negocios a la sombra de los Derechos Humanos», aseguró ser un «preso político» consecuencia de un «deseo de revancha» y aclaró que los magistrados que lo juzgan no son sus «jueces naturales». Por eso, concluyó: «Asumiré bajo protesta la injusta condena que se me pueda dar».

La exposición tuvo lugar durante la penúltima audiencia en ll Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), antes de la sentencia prevista para este miércoles.

Está acusado, junto a Luciano Benjamín Menéndez y otros 26 imputados, por los hechos que involucran la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la `Ley de Fugas` además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), sindicados como `infiltrados` en las organizaciones revolucionarias en 1976.

Por estos hechos la Fiscalía Federal pidió `prisión perpetua` para Videla, Menéndez, Vicente Meli, Víctor Pino Cano, Osvaldo Quiroga, Pedro Mones Ruiz, Miguel Angel Pérez, Mauricio Poncet, Jorge González Navarro, Raúl Fierro, Marcelo Luna, Calixto Flores, Yamil Jabour, Carlos Yanicelli, Luis Lucero, Juan Molina y Miguel Angel Gómez.

25 años de prisión se solicitó para Gustavo Alsina; 17 años para Hermes Rodríguez y Juan Húber; 16 años para Fernando Rocha y Carlos Hibar Pérez; 15 años para Gustavo Salgado y Mirta Antón 15 años; 12 años para José San Julián y 9 años para José Paredes.

Asimismo entendió que corresponde la `absolución` para Francisco D`Aloia, Luis Merlo, Cayetano Rocha y Luis Alberto Rodríguez.