La CNE le quitó la causa penal por las “contribuciones” durante la campaña de 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. De esta manera Cambiemos logró desviar su tratamiento
Finalmente, la Cámara Nacional Electoral (CNE) le quitó la causa penal por los “aportantes truchos” durante la campaña de 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, lo que puede ser considerado como un triunfo de Cambiemos.
El máximo tribunal electoral del país ordenó remitir todas las denuncias vinculadas al financiamiento de la campaña del oficialismo en 2017 al juez con competencia en la materia, Adolfo Gabino Ziulu.
Así, la CNE sentenció que Ziulu “es competente para conocer sobre los hechos planteados en la causa”. Los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, integrantes del máximo tribunal electoral del país, dispusieron que el juzgado a cargo de Kreplak “remita las actuaciones” al juez declarado con competente para “su incorporación a la causa”.
Asimismo, en la sentencia la CNE aclaró que la competencia federal electoral “no supone privar de respuesta penal a los eventuales damnificados por delitos asociados a las irregularidades o ilícitos” que eventualmente determine la Justicia Electoral.
La CNE resolvió así la disputa que viene desarrollándose en los tribunales por la competencia para llevar adelante una de las causas judiciales más sensibles para Cambiemos.
En septiembre pasado, Kreplak rechazó un pedido de inhibitoria presentado por Ziulu y se declaró competente para investigar los posibles delitos penales relacionados con los manejos denunciados, sin que ello niegue la existencia de una violación del Código Nacional Electoral.
Por esta causa judicial también promovió acciones el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital, a cargo de Sebastián Casanello, quien también rechazó en septiembre pasado el pedido de inhibitoria de Ziulu.
Específicamente, Casanello está a cargo de una denuncia por supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad ideológica a partir de la presentación de la organización La Alameda, que denunció afiliaciones masivas forzadas al PRO y aportes de campaña falsos, armados con listados de beneficiarios de planes sociales.
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