“No sé”: el Gobierno evitó aclarar si Milei estaba al tanto de la fuga de Bolsonaro por la Argentina

El Gobierno de Javier Milei quiere dar vuelta la página del caso Flávio Bolsonaro, aunque todavía quedan preguntas sin responder sobre el operativo que permitió al excandidato presidencial brasileño abandonar su país y llegar a Estados Unidos a través de la Argentina. Durante su conferencia de prensa de este martes en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó precisar si funcionarios argentinos participaron de la maniobra y se limitó a asegurar que el dirigente brasileño ingresó al país con su documentación en regla. “El tema para nosotros está terminado”, sentenció, una semana después de que el episodio provocara un pedido de explicaciones del gobierno de Brasil.

La respuesta dejó afuera justamente el aspecto más controvertido de la historia: no si Bolsonaro tenía un pasaporte válido cuando cruzó la frontera, sino si existió una intervención del gobierno argentino para facilitar su salida de Brasil. Consultado específicamente sobre si Milei estaba al tanto de la presencia del dirigente brasileño en Puerto Iguazú, Ravier respondió con un escueto “no sé”. El vocero tampoco aclaró si hubo funcionarios de la Casa Rosada involucrados en la organización del traslado ni quiénes estuvieron detrás del vuelo privado que terminó llevando al excandidato hasta Miami, cuando está confirmada por fuentes extraoficiales la presencia del asesor Santiago Caputo.

Ravier trasladó la responsabilidad por los controles migratorios a las autoridades brasileñas e insistió en que la Argentina no había cometido ninguna irregularidad. “Habrá alguna preocupación sobre cómo salió de Brasil si es que no podía hacerlo”, planteó el vocero, antes de señalar que esa era “una pregunta para la aduana del lado brasileño”. Sobre el ingreso al territorio argentino, aseguró que Bolsonaro lo hizo “con los papeles en regla” y que las autoridades nacionales actuaron como correspondía frente a una persona que se presentó con su pasaporte.

“Nosotros no tenemos mucho más para decir al respecto y el tema para nosotros está terminado. Es decir, no hubo un pedido de captura internacional y no hubo ninguna irregularidad de parte del gobierno argentino frente a Bolsonaro, su ingreso a la Argentina y su viaje a Estados Unidos con escala en Ecuador”, completó Ravier.

La explicación oficial se concentró así en la legalidad de los trámites migratorios, pero no despejó los interrogantes sobre la trama política que rodeó el operativo. El episodio había comenzado a tomar forma el lunes 26 de octubre, un día después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva, cuando empezaron a circular versiones sobre una posible salida del dirigente brasileño hacia territorio argentino.

La reconstrucción de su itinerario permitió establecer que Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Lo hizo a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz de Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones. Desde allí continuó su viaje en un avión privado hacia Estados Unidos, con una escala en Ecuador.

La confirmación oficial llegó después de una primera comunicación de la Dirección Nacional de Migraciones que había negado tener registros de su ingreso. El organismo terminó reconociendo que el dirigente había cruzado la frontera con documentación válida y sin impedimentos legales. Esa rectificación alimentó las preguntas sobre qué información manejaban las autoridades argentinas mientras se desarrollaba el operativo.

Pero el capítulo más delicado no transcurrió en las oficinas de Migraciones, sino alrededor de la eventual participación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la coordinación de la salida. Las versiones sobre una intervención de organismos argentinos, que hasta ahora no fue confirmada oficialmente, colocaron el episodio en una dimensión que excede ampliamente los controles fronterizos.

La aeronave utilizada para el traslado pertenecía a Baires Fly, una compañía que también aparece mencionada en la investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La coincidencia agregó otro elemento a una operación sobre la que todavía no se conoce quién contrató el avión ni quién se hizo cargo de los gastos.

Las sospechas sobre una eventual intervención argentina llegaron incluso a la diplomacia. El jueves 29 de octubre, el gobierno brasileño convocó a Emilia Cortés, encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, para solicitar información sobre lo ocurrido. La reunión con funcionarios de Itamaraty tuvo como objetivo determinar si integrantes de la administración de Milei habían participado en la salida del excandidato presidencial.

La convocatoria representó una señal de la sensibilidad del episodio para Brasil, en un momento particularmente delicado de la relación bilateral. Milei había respaldado públicamente a Bolsonaro durante la campaña y, después de su derrota, evitó felicitar a Lula. Las diferencias entre ambos mandatarios ya habían provocado una reducción del nivel de representación diplomática entre los dos países.