Dos integrantes del Consejo de la Magistratura vinculados con Juntos por el Cambio pidieron la apertura de un concurso para reemplazar a la jueza de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, quien el miércoles cumplió 75 años.
La jueza Figueroa está habilitada para intervenir en dos casos que mira con atención la política: Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. Junto con sus colegas de Sala, Figueroa tiene en sus manos revisar los planteos que cuestionaron las decisiones del Tribunal Oral de sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos. En ambos, la reapertura de los expedientes y el desarrollo de los juicios depende de la definición que tome Casación.
Pese a ese límite de edad establecido por la Constitución Nacional, Figueroa continúa en el cargo a raíz de una disposición del propio Consejo de la Magistratura de 2017, que firmó el abogado Miguel Piedecasas, uno de los que ahora impulsa la apertura del concurso.
La otra consejera que pidió la apertura del concurso es Jimena de la Torre, también representante del estamento de los abogados y abiertamente alineada con la oposición.
De la Torre cursó, incluso, una nota formal de pedido de concurso a la presidenta de la Comisión de Selección, la académica María Fernanda Vázquez, y al presidente de la Corte y -a la vez- del Consejo, Horacio Rosatti.
Después de que la Corte dictara en 2017 el “Fallo Schiffrin”, que estableció taxativamente el límite de los 75 años de los jueces para cesar en el cargo, el Consejo de la Magistratura emitió la Resolución 521/17 que reglamentó los casos excepcionales a esa situación.
Para continuar en el cargo, es necesaria una suerte de reválida del Poder Ejecutivo y el Senado y esa última instancia es la que dificulta la continuidad de Figueroa, debido a que la oposición rechaza su pliego.
En uno de sus puntos, la resolución establece la continuidad de “magistrados que posean pedido de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo Nacional para renovar su designación, en cuyo caso continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo, momento en el que caducará el nombramiento”.
Esa resolución fue firmada por el entonces presidente del Consejo, el propio Piedecasas.