Loujain al-Hathloul, de 31 años, fue declarada culpable por cargos que incluyen incitación al cambio, perseguir una agenda extranjera y usar internet para dañar el orden público. La mujer reclamaba el derecho a conducir vehículos (se concedió en 2018) y el fin de las leyes de tutela masculina
Una de las activistas sauditas por los derechos de las mujeres más destacadas del país fue condenada este lunes a casi seis años de prisión en virtud de una ley destinada a combatir el «terrorismo», informaron medios estatales.
Loujain al-Hathloul, de 31 años, fue declarada culpable por un tribunal antiterrorista del reino de Arabia Saudita por cargos que incluyen incitación al cambio, perseguir una agenda extranjera, usar internet para dañar el orden público y cooperar con personas y entidades que cometieron delitos de acuerdo con las leyes antiterroristas.
El caso de Al-Hathloul, y su encarcelamiento durante los últimos dos años y medio, generaron críticas de grupos de Derechos Humanos, miembros del Congreso de Estados Unidos y legisladores de la Unión Europea (UE).
La activista se encontraba entre un puñado de mujeres sauditas que pidieron abiertamente el derecho a conducir vehículos antes de que se concediera en 2018 y la eliminación de las leyes de tutela masculina que habían sofocado durante mucho tiempo la libertad de movimiento de las mujeres y su capacidad para viajar al extranjero.
Tras la condena, la mujer tiene 30 días para apelar el veredicto, informó el portal estatal de noticias saudita Sabq.
Un grupo de activistas proderechos llamado «Prisioneros de conciencia» que se centra en los detenidos políticos sauditas dijo que al-Hathloul podría ser liberada a fines de marzo de 2021, ya que está presa desde mayo de 2018, por lo que deberían suspenderse 34 meses de su sentencia.
El juez dijo que la acusada había confesado haber cometido los delitos y que sus confesiones se hicieron voluntariamente y sin coacción.
El juez dijo que el veredicto se emitió en presencia del fiscal, el acusado, un representante de la Comisión de Derechos Humanos del gobierno y un puñado de representantes selectos de los medios locales.
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