Argentina y Brasil: libre pensamiento, pecado capital

“No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”.

Bertolt Brecht

Vanessa Dourado

El término “desideologización” es uno de los más utilizados en los últimos años en Brasil y en la Argentina en los ámbitos políticos y mediáticos. La idea de que hay una posición neutra o desideologizada transmitida en discursos que propagan más democracia y libertad permite evaluar, a través de los hechos concretos, la imprecisión del planteamiento.

Luego de su ascenso a la presidencia del país, Mauricio Macri habló de una “desideologización del comercio exterior”.

En una visita a España en 2017, el presidente afirmó “el cambio empieza desde la búsqueda de la libertad de derechos, de expresión, de sentirse capaz de elegir, y hay que entender que hay una reforma desde lo económico para fortalecer esta libertad”. Meses después de esta visita, Amnistía Internacional –en su informe 2017/2018– denunció que había una criminalización de grupos indígenas y de la protesta social, y un retroceso en las políticas migratorias y de los derechos de las mujeres en la Argentina.

Asimismo, los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indican que la pobreza alcanzó un 33,6% y un 10% de la población está desocupada. Especialistas de varios institutos prevén un futuro aún más difícil y un aumento en la pobreza y de la desigualdad estructural en el país.

A pesar de la nítida situación del país frente a las reformas desde lo económico aplicadas por el gobierno, la respuesta hacia la sociedad es violenta y autoritaria. Hechos que se pueden notar en el fuerte aparato represor armado para la cumbre del G20, seguida de amenazas y persecuciones a los movimientos sociales. La libertad de expresión y de pensamiento también se ve amenazada.

El último 20 de diciembre se tornó pública la desvinculación del doctor Julio C. Gambina de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luís (FCJES-UNSL) por supuestas diferencias políticas e ideológicas. Gambina es presidente alterno de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (Sepla) y un intelectual reconocido internacionalmente. Sin embargo, la decisión del decano de la FCJES parece seguir la misma línea de los últimos hechos de persecución a docentes en Brasil.

Entre los años 1964 y 1985 –período de la dictadura cívico-militar-eclesiástica brasileña– la Universidad de São Paulo (USP) fue marcada por graves violaciones a los derechos humanos. Entre otras prácticas, estaba la persecución política e ideológica a docentes, funcionarios y estudiantes, relatada en el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de la USP, que tiene por objetivo también difundir estos hechos históricos de forma que no se repitan. No obstante, desde del año 2017, utilizando el argumento de que hay una amenaza de “adoctrinamiento ideológico” y en línea con la llamada “Escuela Sin Partido” –movimiento creado en 2014 contra un supuesto abuso de la libertad de enseñar– el poder judicial brasileño viene persiguiendo a docentes de varias universidades. En mayo de 2017 el docente André Luiz Monteiro Mayer, de la carrera de Servicio Social de la Universidad de Federal de Ouro Preto (Ufop) recibió una orden judicial que le prohibía promover estudios sobre Karl Marx. Durante la campaña electoral de este año 13 universidades públicas fueron prohibidas, vía judicial, de utilizar símbolos antifascistas y dar clases con contenido antifascista.

Jair Bolsonaro, quien empezará su mandato el 1° de enero, es un defensor del proyecto Escuela Sin Partido y promete no tolerar ningún tipo de “ideología izquierdista o de género” en el sistema educativo. Su futuro ministro de Educación, el colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, más allá de estar alineado con Bolsonaro, también cree que el futuro de educación está en la iniciativa privada.

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