Tras ser excarcelado, el ex vicepresidente debe utilizar ese dispositivo que no se podrá sacar ni para bañarse, con un sistema de localización satelital que reporta su ubicación en todo momento
Tras ser excarcelado, el ex vicepresidente Amado Boudou utilizará una tobillera electrónica que no se podrá sacar ni para bañarse, con un sistema de localización satelital que reporta su ubicación en todo momento.
Es el mismo sistema de monitoreo que la Justicia le colocó al ex empleado informático Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario en la causa por la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.
La tobillera que usará el ex vicepresidente es utilizada por el Ministerio de Justicia para los procesados o condenados que están excarcelados y una vez que se coloca sólo puede ser quitada por los técnicos especializados.
Este dispositivo ambulatorio le permite a quien lo lleve moverse en un radio de 100 kilómetros desde el lugar donde fija su domicilio, en el caso de Boudou en el barrio porteño de Barracas.
La tobillera reporta todo el tiempo su ubicación a un dispositivo GPS, que es como un celular, del que no puede separarse a más de una determinada distancia.
En el caso de estar dentro de una vivienda, el GPS puede quedar en una habitación y el ex vice moverse por la casa, pero si sale en automóvil, debe llevarlo con él.
Los controles de los movimientos de Boudou serán llevados por el Ministerio de Justicia y por la empresa Surely, que provee al Estado de esa tecnología.
La tobillera está enmarcada en el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, de la cartera que lidera Germán Garavano, que tiene como «misión implementar medidas alternativas para aquellas personas con privación de su libertad fuera de los Complejos Penitenciarios, facilitando que las mismas se desarrollen en un ámbito de promoción de sus derechos y contribuyendo a la prevención del delito mediante la promoción del tejido de lazos sociales saludables que faciliten una reinserción social».
«Está destinado a personas adultas condenadas o procesadas por la justicia nacional,federal o provincial, en condiciones de acceder al arresto domiciliario, que tengan domicilio dentro del territorio de la República Argentina», explicó el Ministerio en su página.
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