Para el abogado del magnate, es un “grave error judicial”. Y apelará.
La defensa del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, condenado anteayer a 19 años de cárcel por corrupción, consideró “inicua e injusta” esa decisión de primera instancia y evaluó que no había pruebas para sostenerla.
“La sentencia condenatoria proferida contra Marcelo Odebrecht es manifiestamente inicua e injusta porque no encuentra base en las pruebas producidas en los autos de la acción penal”, señaló la defensa del ex titular de la constructora Odebrecht en un comunicado.
El abogado del empresario, Nabor Bulhões, apuntó que la sentencia pasa por alto las declaraciones de delatores y testigos que eximieron al directivo –preso desde junio pasado por el escándalo en Petrobras–, así como “los documentos producidos que no vinculan a Marcelo Odebrecht a ningún hecho ilícito investigado en la operación”.
En el texto, que califica a la sentencia de “grave error judicial”, la defensa afirma que Odebrecht, que aún puede presentar un recurso de apelación, tiene previsto “seguir luchando por su libertad y por su inocencia”.
Marcelo Odebrecht, quien renunció a la presidencia de la constructora y a los consejos de administración de las compañías del grupo en diciembre pasado, fue condenado el martes pasado por el juez federal Sergio Moro a una pena de 19 años y cuatro meses por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
En la misma sentencia, la cuarta en número de personas juzgadas dentro del proceso, fueron además condenados otros ejecutivos de la firma: Marcio Faría da Silva (19 años y 4 meses), Rogerio Santos de Araújo (19 años y 4 meses), Cesar Ramos Rocha (9 años y 10 meses) y Alexandrino de Salles Ramos de Alencar (15 años y 7 meses).
Por otra parte, la Justicia brasileña consideró culpables de recibir los sobornos a los ex directores de la petrolera estatal Renato Duque (20 años), Pedro Barusco y Paulo Roberto Costa y al empresario Youssef por intermediar, aunque estos últimos tres tendrán penas reducidas por haber aceptado colaborar en la causa.
La constructora, igual que otras 20 empresas, es investigada por su supuesta participación en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, desde 2004, se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares, según admitió la propia petrolera.
Según la Fiscalía, esas empresas obtenían contratos arreglados con la estatal petrolera, inflaban los valores en hasta un 3 por ciento y luego repartían las diferencias entre directivos y políticos que amparaban las corruptelas.
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