Lo hizo la Fiscalía de San Pablo ante otra denuncia contra el ex presidente, que sumó dos acusaciones resonantes en sólo tres días mientras los opositores vuelven a insistir con llevar a juicio político (“impeachment”) a la presidenta Rousseff.
La Fiscalía de San Pablo pidió ayer el arresto preventivo para el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, en el marco de una nueva denuncia presentada contra el líder político, ya investigado por corrupción en el caso del fraude a Petrobras, y que presiona aún más al debilitado gobierno brasileño de Dila Rousseff, a días de una manifestación opositora que se prevé masiva mientras avanzan las movidas destituyentes en el Congreso.
Para el diputado oficialista Wadih Damous “se trata de una petición irresponsable, inepta, tengo la convicción de que no será tenida en cuenta por el juez”.
El líder del gobierno en el Senado, Humberto Costa estaba con el ex presidente Lula en San Pablo cuando se le informó de la solicitud de arresto realizada por el fiscal. De acuerdo al diario O Globo, Costa dijo que Lula reaccionó con «total tranquilidad” «. El senador calificó de “absurda” la petición, y como una «acción mediática” el papel del fiscal del Ministerio.
Lula fue denunciado la noche del miércoles por presunta ocultación de propiedad y lavado de dinero por la Fiscalía de San Pablo, que acusa que el ex presidente es dueño de un elegante apartamento en el cercano balneario de Guarujá, algo que el ex mandatario niega tajantemente.
En paralelo, el mismo inmueble también es objeto de investigación en el caso “Lava Jato” (lavadero de autos) que desentraña una supuesta red de corrupción tejida entre políticos, empresarios y ex directivos de la petrolera estatal Petrobras, un caso basado en la Fiscalía de Curitiba.
La acusación contra el carismático Lula cae como una bomba sobre el Partido de los Trabajadores (PT) y la presidenta Rousseff, enfrentada a la posibilidad de un “impeachment” y atribulada por informaciones que vinculan a su gobierno con el esquema de corrupción, justo en momentos en que Brasil atraviesa una severa recesión económica.
La defensa del ex presidente Lula (2003-10) alega que existe conflicto de jurisdicción entre las justicias de San Pablo y de Curitiba, que investigan los mismos hechos.
La principal fuerza aliada es tentada a cruzarse de vereda
Miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), que integra la coalición gobernante y lidera el vicepresidente Michel Temer, se reunieron ayer con la oposición a días de que esa formación defina su postura frente a la crisis política que enfrenta Brasil. “No podemos seguir paralizados viendo como el país se derrite”, declaró el senador Eunício Oliveira, jefe del Pmdb en la Cámara Alta, tras reunirse con legisladores del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), la mayor fuerza de la oposición y que exige la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Según Oliveira, en ese encuentro, fueron discutidos “todos los escenarios actuales”, entre los que citó un eventual juicio político a Rousseff, las sospechas sobre irregularidades financieras en la campaña que llevó a su reelección en 2014 y hasta “su posible permanencia” en el poder.
La reunión se llevó a cabo antes de una convención nacional que el Psdb celebrará mañana, en la que el ala disidente de esa formación adelantó que pretende exigir que el partido rompa con el gobierno o que adopte una posición de “independiente”.
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