El personal de la AIC y de la Agencia de Control Policial llevó adelante los procedimientos en la ciudad de Roldán a las órdenes de la fiscal Juliana González y este sábado los dos acusados quedaron en preventiva, en el caso de la mujer policía en modalidad domiciliaria, con tobillera
El pasado miércoles, bajo la dirección de la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio Juliana González, los investigadores de la Brigada Operativa II de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Agencia de Control Policial (ACP) llevaron adelante allanamientos en la localidad de Roldán, por un causa que investiga el robo producido a un estudio jurídico y notarial de España al 700 de Rosario.
Por el caso, los pesquisas apresaron a dos acusados: Karina Soraya Navarro, de 48 años, y Pablo Alejandro Ramírez, de 43, ambos policías, y secuestró una camioneta Renault Tracker con pedido de secuestro activo, usado por la pareja.
El robo se cometió el pasado 26 de diciembre, durante la madrugada. Según trascendidos de la investigación, el botín alcanza la suma de u$s 120.000, 2.000.000 millones de pesos, dispositivos electrónicos, y elementos útiles propios de la actividad.
Indicios de la investigación refieren que, para llevar su cometido, los ladrones habrían desconectado cámaras de seguridad de la zona y hasta cortado la luz para cubrir su accionar y huida.
Tras tareas encubiertas, análisis criminal y entrecruce de datos con Gendarmería Nacional, los investigadores de la AIC dieron con un Chevrolet Tracker usado en el hecho, el cual fue interceptado en la vía pública al mando de Karina Navarro, dijeron fuentes del caso. Luego, en el domicilio de la pareja, se procedió a la detención de Pablo Ramírez, añadieron.
Este sábado, luego de una audiencia imputativa que llevó 5 horas de debate, la jueza María Isabel Mas Varela determinó la prisión preventiva domiciliaria con tobillera para Navarro y, en cuanto a su pareja Ramírez, dicto la prisión preventiva efectiva por 60 días.
Entre las figuras penales imputadas se encuentran la de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, adulteración de guarismos y robo, todos agravados por sus condiciones de funcionario público.
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