"A la luz de la demora que exhibe el trámite", los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia pidieron avanzar con la investigación por lavado de dinero a la madre y a la hermana del fallecido fiscal, al técnico informático Diego Lagomarsino y a un empresario
La Cámara Federal porteña instó a avanzar con «mayor celeridad» en la causa judicial que investiga por supuesto lavado de dinero a la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, al técnico informático Diego Lagomarsino y a un empresario «a la luz de la demora que exhibe el trámite».
«Cabe reiterar lo señalado en nuestra última intervención en cuanto a que a la luz de la demora que exhibe el trámite del presente legajo, se torna necesario instar al juez de la anterior instancia a arbitrar los medios necesarios para que se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita», sostuvieron los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, según el fallo al que accedió Télam.
Se trata de la investigación abierta en 2015 a raíz de la aparición de una cuenta en el banco Merril Lynch de Nueva York, que tenía como titulares a la madre y la hermana del fiscal, Sara Garfunkel y Sandra Nisman y al técnico informático Diego Lagomarsino.
Nisman figuraba como titular de la cuenta en su calidad de «abogado» y había depositado 666.000 dólares.
En la causa también es investigado un empresario, Claudio Picón, titular de la empresa «Palermopack SA», a cuyo nombre estaba la camioneta Audi que manejaba el extitular de la Unidad Fiscal AMIA, encontrado muerto con un balazo en la cabeza el 18 de enero de 2015, en el departamento que alquilaba en Puerto Madero.
En marzo de 2015 la exesposa de Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, informó de la existencia de esa cuenta en la causa abierta para investigar si Nisman fue asesinado o se trató de un suicidio.
A raíz de informes recibidos se determinó que la cuenta no estaba declarada.
La Cámara Federal aludió a la situación de la causa por presunto lavado de dinero al resolver que se reintegren a Picón la documentación vinculada al vehículo, secuestrada en el 2015.
Esta decisión se tomó ante «el tiempo transcurrido desde la incorporación de los legajos al expediente y la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada».
La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver recursos de queja presentados por los imputados en relación a la validez de prueba incorporada a la causa.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien asumió como subrogante en el juzgado que estaba a cargo del fallecido Claudio Bonadio, donde está radicada la pesquisa.
La retención de la documentación secuestrada en el Registro Automotor «imposibilitaba a la mencionada empresa -titular de los dominios-, de “disponer de esos bienes, entre otras cosas, para renovar la flota de vehículos”, argumentó la defensa de Picón.
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