Cámaras: paga el que mira

La propuesta para colocar videocámaras de seguridad en Rosario con el declamado objetivo de prevenir determinado tipo de delitos parece instalada, pero sin embargo son más las diferencias que los acuerdos tanto en lo concerniente a las características técnicas del sistema como –sobre todo– a su financiación: los representantes comerciales que acudieron ayer a la reunión de la comisión de Gobierno del Concejo Municipal para seguir debatiendo el tema insistieron así en propuestas para que la plata salga de otros bolsillos. Por ejemplo, el de los visitantes al casino instalado en la zona sur o el de las grandes cadenas comerciales asentadas en la ciudad. Antes, y desde el Ejecutivo local, el intendente Miguel Lifschitz había desactivado por las dudas la ofensiva para que la plata salga de las arcas públicas. Lo hizo con la ratificación de las pautas contenidas en el mensaje que el Palacio de los Leones envió a los ediles para su estudio: la instalación y operación de las cámaras deben costearlas los “beneficiarios” de la protección sugerida.

“En el proyecto se contempla la creación de una tasa específica para que sea solventado con el aporte de los empresarios y comerciantes que sean frentistas en los centros comerciales donde se instalen las cámaras”, reiteró Lifschitz por la mañana. La disputa por quién se hace cargo del costo del sistema antecede así, incluso, a una definición precisa de sus características técnicas. Es que aún no está claro cuántos aparatos se deben instalar, ni en dónde, ni a quienes deben “apuntar” ni quiénes serán los encargados de operarlos. Todo ello es discutido en las comisiones de Seguridad, Gobierno y Presupuesto del Concejo, con no pocas diferencias de criterio aun al interior de las mismas bancadas.

Una nueva muestra del embrollo en que derivó la propuesta se dio ayer en la comisión de Gobierno. El titular de la Asociación Comerciantes Barrio Echesortu, Saúl Eluk, fogoneó con su idea de recargar en un peso la entrada al casino local (City Center Rosario) para financiar las cámaras. El mismo referente esgrimió además una cuenta según la cual harían falta 1.500 filmadoras en la ciudad, de acuerdo con el número de habitantes y algunas otras singulares variables. En una reunión similar de la semana pasada, incluso, se llegó a proponer con cuestionable criterio cercano a la estigmatización social que las filmadoras no apunten a los negocios que sean potenciales blancos de un delito sino a los asentamientos irregulares –villas– de la ciudad.

Igual, pese a que la discusión sobre las características del sistema –o sobre su pertinencia como herramienta contra el delito– dista de estar saldada, la pelea por quién lo financia está a la orden del día. “Nos oponemos al pago porque crear una tasa sobre todos los impuestos que estamos pagando sería algo desorbitante, y no lo podemos asumir. Debemos ser más creativos y buscar fondos de empresas más grandes o bancos”, se quejó ayer uno de los comerciantes que concurrieron al Concejo. “Que los municipios sostengan el sistema junto a empresas grandes y podrían agregarse las multinacionales y no los pequeños comerciantes que la remamos todos los días”, continuó su lamento. Y remató: “Justicia, educación y salud son responsabilidades del Estado. Los centros comerciales son una parte del reclamo general de la inseguridad en la ciudad. Lo que buscamos es que se integre la Policía”.

Lo cierto es que el sistema de videocámaras es por ahora sólo un título, porque no hay consenso en el número –el Ejecutivo había propuesto 140 en su mensaje, y desde el mismo socialismo surgió una propuesta de aumentarlo en un 30 por ciento–, la ubicación –en las zonas comerciales o extenderlo a algunas residenciales–, y la determinación de quiénes miran y almacenan las imágenes en cuestión.

El sistema de financiamiento que propuso la Municipalidad en su mensaje al Concejo está previsto en los artículos 19 a 26: una consulta a los comerciantes y, si la decisión final es aprobada por las dos terceras partes de los mismos, se aplicará una contribución establecida en la norma legal escalonada que parte de los 25 pesos mensuales.