Del texto original de la llamada ley ómnibus, con una lista de 41 compañías, quedaron nueve. Sin embargo, hay diferencias: privatización total, pase a manos privadas o concesión, e incorporación de capital privado
El capítulo 2 de la Ley Base, referido a la privatización de empresas públicas, fue aprobado en la mañana de este martes en la Cámara de Diputados, durante la votación en particular del mega proyecto en su segunda versión. Los artículos que habilitan el desguace de compañías del Estado obtuvieron la media sanción con 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones.
En el texto original de la llamada ley Ómnibus, la motosierra contra bienes del Estado incluía 41 empresas públicas, entre las cuales figuraban YPF, el Banco Nación y Energía Argentina SA. Las negociaciones para conseguir apoyos al nuevo proyecto con el PRO, la UCR y varios gobernadores con legisladores que les responden directamente, redujo la nómina a nueve. Sin embargo, las facultades delegadas, también aprobadas, pueden ampliar el número según el exclusivo discernimiento del oficialismo.
El capítulo 2 le cede al Poder Ejecutivo la potestad de privatizar totalmente los siguientes activos públicos:
En algunas, ya comenzó la tarea de desmantelamiento con vistas a la venta en condiciones «optimas» para el «mercado». Por ejemplo, en Aerolíneas, sometida a ajuste profundo. La semana pasada, su titular, Fabián Lombardo, anunció un plan de recortes para «reducir a la mitad el déficit operativo», con cierre de rutas de cabotaje fuera de temporada.
Intercargo es la estatal que brinda los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos,
Con la privatización de Enarsa, se trasladar al sector privado la estructura para la realización de estudios, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, además de tareas de transporte, almacenaje, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados. Además, el Estado pierde una compañía que puede monitorrear los precios para fijar políticas públicas en un sector sensible como el energético.
Con la venta de Radio y Televisión Argentina se pierde la posibilidad de una comunicación federal, presente en zonas del país donde al privado no le interesa operar por la imposibilidad de obtener grandes rentas. La red de radios públicas, por ejemplo, cuenta con más de 40 emisoras en todo el país.
Las sujetas a pasar a manos privadas o ser concesionadas:
Las que pueden incorporar capitales privados, aunque con participación estatal mayoritaria:
En estos casos se podrá «únicamente, organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social».
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