La suma de 111 millones de pesos recae sobre los bienes de Vicentin como también de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo, acusados de usar facturas truchas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones entre 2016 y 2019
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este sábado un recurso de queja interpuesto por la cerealera Vicentín y confirmó así el embargo trabado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) contra la empresa y sus directivos por más de 111 millones de pesos, informaron fuentes vinculadas a la causa.
Se trata de la Sala 4 de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mario Borinsky, Carlos Carbajo y Gustavo Ledesma, que desestimó la apelación elevada por los representantes de los contribuyentes denunciados penalmente por la Afip, en agosto de 2020.
De esta manera la Cámara confirmó la decisión de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que ya habían ratificado los embargos solicitados por la Afip al Juzgado Federal de Reconquista.
El embargo 111.637.479 de pesos recae sobre los bienes de Vicentin como también de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze, Martin Colombo, entre otros responsables.
Las maniobras detectadas por el organismo consisten en el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones, lo que se estima que generó un perjuicio al Estado superior a los 111 millones de pesos.
La denuncia, ampliada en abril de 2021, pide investigar una supuesta maniobra fraudulenta detectada gracias al trabajo conjunto de las distintas áreas especializadas del organismo durante una fiscalización realizada por la Afip sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 proveedores apócrifos.
La fiscalización de la Afip constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019.
El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.
De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.
Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos.
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