Tras el fallo de Casación que anuló la sentencia del caso, la Fiscalía federal pidió la prohibición de salida del país y la detención de todos los agentes y un vecino de la comisaría 7ª implicados. El próximo viernes habrá una audiencia clave para definir la situación procesal de cada uno
Los fiscales federales Fernando Arrigo y Federico Reynares Solari pidieron este jueves la prohibición de salida del país y el arresto de todos los policías que habían sido absueltos y ahora volvieron a estar implicados en la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, en 2014. Estas medidas se plantearon tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló las sentencias de primera instancia que beneficiaron 17 agentes y un vecino vinculados al caso, quienes habían sido juzgados por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la comisaría 7ª, de Cafferata al 300, donde joven que residía en la localidad bonaerense de Florencio Varela y estaba de visita familiar en Rosario terminó detenido, antes de ser hallado sin vida.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario programó una audiencia para el próximo viernes, en la que se avanzará sobre la situación de los acusados, que son los policías Diego José Álvarez, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Rut Elisabet Contino, César Daniel Acosta, Enrique Nicolás Gianola Rocha, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Belkis Elisabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murúa, Franco Luciano Zorzoli, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar. Además, la restricción para abandonar el país alcanza también a Alberto Daniel Crespo, un vecino de la zona acusado de falso testimonio en la causa.
En su fundamentación, Reynares Solari destacó la gravedad de los cargos y el riesgo de que los acusados intenten evadir la acción judicial. “La anulación de las absoluciones por parte de la Cámara Federal de Casación Penal establece parámetros que justifican estas medidas, considerando que una eventual condena podría motivar intentos de fuga antes de que la misma quede firme”, argumentó el fiscal.
El pedido del Ministerio Público Fiscal surgió a raíz de la decisión del martes pasado, cuando los jueces de Casación Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques revocaron las absoluciones previas tras analizar las apelaciones presentadas por los fiscales y los querellantes. Con esta resolución se devolvió el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo y haga una una nueva evaluación de las evidencias que constan en la causa.
En su fallo, la Cámara de Casación consideró “arbitrarias” las absoluciones dictada, y marcó que las pruebas presentadas “no se valoraron adecuadamente”. También marcó que los casos de violencia institucional suelen tener entramados de sustracción, ocultamiento o destrucción de evidencias, y están expuestos a entramados y maniobras para garantizar la impunidad de los acusados.
Los jueces resaltaron que el tribunal de juicio tampoco tuvo en cuenta las cadenas de seguimiento de evidencias, el control de la escena y el resguardo de la documentación.
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