El gobernador exigió a sus funcionarios esta semana en la reunión de gabinete ampliado "acelerar" durante lo que resta del mandato, con la mira puesta en las elecciones de 2027. Ese mismo día, los siete ministros de la Corte Suprema provincial asistieron en pleno a las comisiones de Diputados y plantearon objeciones constitucionales al paquete de reformas en seguridad impulsado por el Ejecutivo
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la reunión de gabinete ampliado en la ciudad de Santa Fe, bajo el lema «Para adelante, impulsamos lo que viene». Allí pidió a su equipo «acelerar» el tiempo de mandato que resta: «Lo peor que nos puede pasar es sentir que ya lo dimos todo. Creo que es momento de acelerar: el tiempo, las ideas, la innovación».
Esa instrucción tiene un sustento concreto en el calendario. El cronograma electoral santafesino de 2027 ya está definido: el 12 de febrero vence el plazo para la presentación de listas, el 18 de abril se realizan las Paso y el 13 de junio los comicios generales. Eso significa que la ventana real para impulsar iniciativas legislativas y de gestión se concentra en lo que resta de 2026.
Entre los hitos de su mandato que Pullaro enumeró en su discurso aparece uno que conecta directamente con lo ocurrido esa misma tarde: «Transformamos la Justicia: en noviembre asumirán dos nuevos miembros de la Corte Suprema».
También ese miércoles, por la tarde, la reunión conjunta de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de Diputados recibió a tres organismos: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa y la Corte Suprema. La forma de asistencia del máximo tribunal fue en sí misma una señal: los siete ministros se hicieron presentes.
El ministro Daniel Erbetta planteó una objeción de fondo, en clave constitucional, a la lógica del proyecto. Sostuvo que en el texto «hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales de los propios fiscales que entran en conflicto con las normas constitucionales y con los estándares internacionales».
Los puntos controversiales incluyen allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias, toma de declaraciones sin presencia de abogado defensor y la posibilidad de que la policía intervenga teléfonos celulares sin participación del fiscal.
Erbetta también planteó una pregunta más allá de la constitucionalidad: «No sé hasta qué punto es necesario ese tipo de modificaciones. Hoy la seguridad ha mejorado notablemente… desde que está vigente el sistema acusatorio se triplicó la tasa de encierro. No es usual».
El sentido político de ese dato es claro: si el sistema vigente ya produce resultados medibles, ¿sobre qué base se justifica la reforma?
La Corte Suprema de Santa Fe tiene tras la reforma siete miembros. En septiembre asumió Diego Maciel en reemplazo de Eduardo Spuler. Los pliegos de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa en febrero de 2026, y están destinados a ocupar las vacantes que dejarán Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. Falistocco ya confirmó que formalizará su renuncia entre el 20 y el 25 de noviembre; Gutiérrez no se cansa de repetir que se irá cuando considere que su ciclo está cumplido.
La «aceleración» de Pullaro necesita resultados legislativos que llenen la lista de logros antes de 2027. La reforma de seguridad es uno de los proyectos más relevantes. Pero la facultad de juzgar su constitucionalidad corresponde, en última instancia, a la Corte Suprema, y la composición de ese tribunal está siendo reconfigurada por el propio Pullaro.
Con Maciel ya incorporado, la Corte pasó de tener cuatro ministros «nuevos» (Baclini, Zabalza, Weder, Maciel) a cinco sobre siete en septiembre. Las salidas de Falistocco y Gutiérrez, y las asunciones de Alurralde y Genghini, completarán la ecuación: seis de siete ministros designados durante la gestión de Pullaro.
Si la reforma de seguridad se aprueba antes de fin de año y enfrenta un control de constitucionalidad, la Corte que lo resuelva estará compuesta en su abrumadora mayoría por jueces nombrados por el mismo gobierno que promovió la ley.
Tras la reunión, la diputada del Socialismo Lionella Cattalini declaró, haciendo hincapié en una cuestión de forma, que «hay que adecuar algunas expresiones y párrafos a la normativa internacional y a la norma vigente en la provincia».
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