En la audiencia en los tribunales de Santa Fe, Fiscalía, Gobierno y defensas acordaron el abordaje para los dos adolescentes no punibles. Además, la Justicia Civil dispuso la restricción de la difusión del video y ordenó por oficio a Meta, Google y Enacom eliminar el registro audiovisual del asesinato
La Justicia de Santa Fe dispuso este miércoles en una audiencia multipropósito una serie de medidas para los dos adolescentes de 14 años que participaron en el asesinato de Jeremías Monzón cometido en diciembre pasado. Las disposiciones de intervención surgieron tras un acuerdo entre la Justicia, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia e involucra a los dos menores, quienes por su edad no son punibles ante la ley penal. De manera simultánea, un fallo de la Justicia Civil y Comercial ordenó la prohibición de la divulgación total de las imágenes del crimen a medios de comunicación, redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales.
La audiencia fue presidida por el juez Gustavo Urdiales en los tribunales de la capital provincial y contó con la participaron de los fiscales del caso, Francisco Cecchini y Luis Schiappa Pietra (responsable de la Unidad de Menores de la provincia).
Por el lado de la querella, en representación de la familia de la víctima, estuvieron los abogados Bruno Rugna y Diego Martini. Las defensas de los menores estuvieron integradas por los letrados Pedro Busico y Martín Durando. Asimismo, dada la complejidad del abordaje de menores no punibles, participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León.
Al finalizar, los fiscales explicaron que se aplicaron todas las herramientas previstas en el Código Procesal Penal Juvenil. «Hubo un trabajo conjunto y un acuerdo que nos dejó conformes a todos», señaló Cecchini, aunque aclaró que, por disposición del juez Urdiales, rige un estricto deber de confidencialidad que impide dar detalles sobre las disposiciones, el destino o la ubicación de los menores.
Schiappa Pietra añadió que las medidas buscan «el resguardo de las víctimas» y que su cumplimiento será monitoreado tanto por el Poder Judicial como por el Ejecutivo.
En paralelo a la situación de los menores, este miércoles se conoció una medida cautelar dictada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Viviana Nameda Marco. Ante el pedido de la familia de Jeremías para evitar la revictimización, la magistrada ordenó la prohibición de difusión del video del crimen en todos los soportes.
La resolución alcanza a medios de comunicación, redes sociales, aplicaciones de mensajería y buscadores. En ese marco, la jueza dispuso el envío de oficios a las empresas Meta (Facebook e Instagram), TikTok, Telegram y WhatsApp para que procedan de forma inmediata a retirar, bloquear, eliminar y desindexar el contenido.
Además, la orden se hizo extensiva al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a los canales de televisión, instándolos a abstenerse de emitir el material. Todo el proceso se dictó bajo apercibimiento legal, que implica sanciones penales y económicas en caso de incumplimiento por parte de las plataformas o medios.
Jeremías Monzón, de 15 años, fue visto por última vez el 14 de diciembre y fue hallado sin vida cuatro días después en un galpón abandonado de barrio Chalet y en las inmediaciones de la cancha del Club Colón. La reconstrucción fiscal determinó que fue citado bajo engaños por una adolescente de 16 años (M.A.) y emboscado por los dos menores de 14 años.
La autopsia confirmó que la víctima recibió 23 puñaladas y ataques con elementos contundentes. Según la evidencia ventilada en audiencias previas, el móvil estuvo vinculado a una disputa por el contenido de un video que tenía la víctima en su celular.
Por el hecho, la adolescente de 16 y con quien Jeremías tenía un relación sentimental, fue acusada por la Justicia de Menores como coautora del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. A su vez, los otros dos implicados iniciarán ahora el proceso de abordaje bajo las medidas acordadas este miércoles entre el Estado y el Poder Judicial.
Por su parte, Nadia Ivone Juárez, de 41 años y madre de la adolescente de 16 años, fue imputada el jueves de la semana pasada por el fiscal Cecchini como partícipe secundaria del homicidio. Los indicios recolectados por la Fiscalía la sindicaron por haber prestado colaboración tras el crimen mediante un acuerdo previo, es decir que sabía de antemano del plan criminal.
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