Causa Acindar: la responsabilidad empresarial en la dictadura en el banquillo

El juicio por crímenes de lesa humanidad en la Causa Acindar ha entrado en su etapa final, poniendo en el centro del debate la participación de la empresa en la represión contra sus propios trabajadores durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, se juzga a 18 imputados, entre ellos, dos ejecutivos de la compañía, por su complicidad en los secuestros, torturas y asesinatos de militantes sindicales.

El rol de la empresa en la represión

Según los alegatos presentados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la APDH, la Fiscalía y la UOM, la empresa Acindar no fue una mera espectadora de la represión. Por el contrario, facilitó activamente la persecución y el terror contra los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, quienes habían participado en las históricas huelgas conocidas como «El Villazo».

La acusación detalla cómo la empresa puso su estructura al servicio del plan represivo:

• Entrega de información: Se acusa a Roberto José Pellegrini, jefe de la División Personal, y a Ricardo Oscar Torralvo, con funciones ejecutivas, de entregar datos y fotografías de los trabajadores a las fuerzas de seguridad. Estas fotos, obtenidas bajo el pretexto de renovar los carnets de fábrica, fueron usadas para identificar y secuestrar a las víctimas.
• Logística represiva: Acindar facilitó sus instalaciones. Un destacamento policial operaba dentro de la planta, y los albergues de solteros se transformaron en un centro clandestino de detención donde los secuestrados eran llevados y torturados. La empresa también proporcionó medios de transporte a las fuerzas represivas.
• Beneficios económicos: El texto recuerda que, en ese período, el presidente del directorio de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz, quien, como ministro de Economía de la dictadura, benefició a la empresa en la concentración de la actividad siderúrgica.

Pedidos de pena

En sus alegatos, el CELS solicitó prisión perpetua para los dos ejecutivos de Acindar, Pellegrini y Torralvo, por considerarlos «partícipes necesarios» de los secuestros de 37 personas y del homicidio de ocho de ellas. Las penas solicitadas para los 16 miembros de las fuerzas de seguridad imputados varían, llegando a un máximo de 25 años de prisión.

Este juicio no solo busca justicia para las víctimas de Acindar, sino que también pone de manifiesto la participación de empresas privadas en el entramado de la represión ilegal, un aspecto crucial para entender la dimensión total de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.