Según el Centro de Economía Política Argentina, Santa Fe es la segunda provincia, después de Buenos Aires, que registra más conflictos entre las empresas y sus trabajadores. Un mapeo provincial y federal que muestra un panorama crítico como antesala de la reforma laboral.
Los conflictos en el sector productivo respecto a los puestos de trabajo se multiplican en el país: 677 empresas en crisis en Argentina, 69 de ellas en Santa Fe. Los datos se desprenden de un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Las provincias más afectadas son Buenos Aires (176 conflictos), seguida por Santa Fe (69), La Rioja (59) y Córdoba (42). El mapeo incluye los cierres de empresas y los conflictos laborales, como despidos y suspensiones. El lapso temporal estudiado es entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
A nivel nacional, el rubro más afectado es la industria (textiles, alimenticias, metalúrgicas, siderúrgicas) que suman el 61,8%. Sigue «Servicios» (17,1%); «Comercio» (ventas en supermercados) (9,5%); «Sector primario» (8,8%) y «Construcción» (3,6%). Hay casos paradigmáticos en el sector metalúrgico, como el de la empresa Acindar, que bajó su producción al 50% y registró 600 despidos. Entre las alimenticias, figuran lácteos Verónica y el frigorífico Euro. En Rosario uno de los casos emblemáticos es la textil Bricket, afectada por la política importadora y la baja del consumo.
Tres de las 69 firmas radicadas en Santa Fe que presentan conflictos están paralizadas: Algodonera Avellaneda, Cramaco y El Miguelito Bicicletas.
Lucila Rivolta, integrante de CEPA, explica a El Ciudadano: “Vemos una reconversión del modelo de país, con un aumento de la actividad en sectores como la agricultura, la minería y la intermediación financiera. Mientras que la industria, el comercio y la construcción, que explican más del 45% del empleo formal en la provincia y a nivel nacional, están cayendo”. Sin embargo, advierte que todos los sectores están afectados por la conflictividad laboral.
Para hacer el relevamiento, el CEPA se basó en noticias y comunicados de sindicatos. Además, hace un seguimiento mensual con base en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que coinciden con la radiografía de los conflictos en empresas.
Con el Decreto 70/23, el gobierno nacional eliminó la Secretaría de Comercio. Posteriormente, abrió la importación de bienes de consumo de forma indiscriminada. Los salarios quedaron congelados en varios rubros mientras suben los precios (31,5% de inflación interanual a diciembre de 2025, según el Indec). Esto redunda en una baja del consumo, afectando la producción y el comercio. En el caso de la Construcción, impacta también la paralización de la obra pública.
«Las pymes aguantan hasta que no pueden más con esas políticas. Y las grandes empresas no solo no cierran, sino que se reconvierten», dice Rivolta.
En otro relevamiento, el CEPA también informó que —entre noviembre de 2023 y octubre de 2025— se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales registrados, sumando el sector público y privado. Ese informe da cuenta de que cerraron en Santa Fe 2.276 empresas y se destruyeron más de 15.000 puestos de trabajo registrados. A nivel nacional, hay más de 21.000 empresas menos y 272.607 trabajadores y trabajadoras quedaron sin empleo.
Las crisis de empresas como Vicentin (actualmente en juicio) o Acindar afectan a cooperativas y pymes que forman parte del encadenamiento productivo o que son parte de los activos de la firma principal. Son los casos de Algodonera Avellaneda (parte del Grupo Vicentin) y de la cooperativa Cooperar 7 de Mayo, contratista de Acindar. El año pasado, esta cooperativa tuvo cien puestos de trabajo en riesgo, como consecuencia de la situación en la empresa metalúrgica.
El Banco de Santa Fe también registra despidos de trabajadores. La respuesta de la patronal es que estas medidas son parte de una reestructuración de la planta y de una reducción de costos. El sindicato La Bancaria respondió con paro y movilización. Además, denunció falta de respuestas por parte del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
En el mapa de Santa Fe hay empresas del agronegocio en crisis con sus trabajadores, como Cargill, Surcos, ADM y Aceitera General Deheza (AGD). El programa del gobierno es la reprimarización de la economía: que Argentina vuelva a ser «el granero del mundo», según el discurso oficial. Sin embargo, “ningún sector está exento de un conflicto laboral”, subraya Rivolta.
Explica: “Aunque el gobierno nacional apuesta a la reprimarización de la economía y a fortalecer el agronegocio como principal fuente de ingreso de dólares, estas empresas también atraviesan conflictos laborales y financieros que exponen las contradicciones de este modelo”. Y agrega: “Por un lado el gobierno promueve exportaciones con alivios fiscales, con bajos costos y menores regulaciones y, por el otro, tenés a estas empresas que avanzan con despidos“.
En el caso de la exportadora Cargill hubo despidos por “una reestructuración de la planta por menor rentabilidad“, también con conflictos paritarios con el gremio de Aceiteros. Las alimenticias ADM y AGD se registran faltas de acuerdos salariales. En Surcos, productora de insumos para el agro, se suma además un concurso preventivo.
“Estos conflictos dan cuenta de que este modelo nacional orientado a la reprimarización y a la obtención de dólares a través de la exportación de commodities convive con una conflictividad laboral y financiera donde el costo del ajuste recae sobre los trabajadores y sobre las condiciones de trabajo”, marca.
Esta situación es la previa a la discusión de una reforma laboral que se discutirá en el Congreso el mes que viene. Según otro informe del CEPA, titulado “La precarización avanza”, esta reforma —en caso de ser aprobada— implicará la pérdida de derechos para los trabajadores, el debilitamiento de la estructura sindical, de la negociación colectiva y del derecho a huelga.
Mediante esta reforma se busca un ahorro de las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de las obras sociales sindicales. Además se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se nutre del 3% de la masa salarial bruta y viene a financiar despidos. “Ese 3% es compensable con contribuciones patronales y reducirá los fondos destinados a Jubilaciones, PAMI y Asignaciones Familiares”, el CEPA.
Por otro lado, la creación del nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral implica otra reducción de aportes patronales: para nuevas contrataciones el empleador sólo pagará 8% de contribuciones, incluyendo dentro de ellas al 3% por el FAL.
“Esta reforma no sólo debilita a los sindicatos, sino que es profundamente regresiva para los trabajadores y es muy laxa para los empleadores. Quieren destruir todo lo que sea colectivo, principalmente a los sindicatos. Entonces es difícil ver a mediano plazo algo positivo en estos conflictos”, señala Rivolta.
“El discurso oficial es que la reforma laboral va a generar más empleo. Pero si no hay una reactivación de los sectores que más generan empleo registrado, como la industria, el comercio y la construcción, no hay reforma laboral que valga”, agrega.
Y concluye: “Si el empresario no ve que la gente compre o tiene las máquinas paradas, no va a contratar más empleados por más que la reforma implique una baja en el costo laboral”.
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