Comenzó el juicio al productor de frutillas acusado de trata de personas

Con la realización del primer juicio oral y público, la Justicia federal de Santa Fe puso en marcha de manera plena el sistema procesal penal acusatorio en la jurisdicción. El debate aborda la acusación contra un productor frutillero por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en perjuicio de 20 trabajadores de la región.

El tribunal colegiado a cargo del proceso está integrado por los jueces José María Escobar Cello, Ricardo Moisés Vázquez y Germán Sutter Schneider. Se prevé un juicio de extensa duración, en el que prestarán declaración aproximadamente 50 testigos a lo largo de unos dos meses hasta la etapa de alegatos y sentencia.

En diálogo con la radio LT10, la fiscal coadyuvante de la Unidad Fiscal Santa Fe, Milagros Traverso, destacó la trascendencia institucional de la jornada: «Es el primer caso de la Unidad Fiscal de Santa Fe que llega a juicio oral bajo el sistema acusatorio. Se va a juzgar a una persona por el delito de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre, quien llega al proceso en libertad».

Respecto al origen de la causa, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) recordó que las actuaciones se iniciaron tras un allanamiento en un establecimiento frutícola realizado en octubre de 2025. «En ese momento se detectó a 45 personas en el lugar. Tras un análisis pormenorizado de cada situación particular y de las condiciones del contexto, la acusación se delimitó respecto de 20 víctimas en las que se consumaron los elementos del tipo penal», precisó. La Fiscalía solicitará una pena de 8 años de prisión efectiva, la indemnización correspondiente a los damnificados y el decomiso de bienes.

Sobre la implementación del nuevo esquema procesal, Traverso remarcó: «Si bien hubo antecedentes de juicios de cesura o juicios abreviados, este es el primer juicio completo. Es un desafío muy importante y un hito para la jurisdicción y la Justicia federal tras la reforma del código, un cambio que llevábamos mucho tiempo esperando».

En tanto que el abogado defensor, Claudio Torres Del Sel, ratificó la postura de la defensa respecto del productor frutillero, y sostuvo que durante el debate oral quedará demostrada la inocencia de su representado: «Hoy tenemos los alegatos de apertura. La Fiscalía va a presentar su posición y nosotros haremos lógicamente la nuestra, sosteniendo que con las pruebas que se van a rendir en este debate se acreditará que el delito por el cual viene a esta sala mi defendido no se ha configurado de manera alguna».

Torres Del Sel fundamentó, también en declaraciones a la radio LT10, la postura del equipo defensivo al señalar decisiones judiciales previas: «Cuando ante una apelación de esta defensa la Cámara Federal le concede la libertad a mi defendido, los jueces dijeron que la acusación era muy frágil y que no reunía los elementos del tipo penal. Le dieron al organismo fiscal un plazo hábil de 20 días más para continuar la investigación y en ese lapso no se reunió ningún elemento nuevo».

En ese sentido, el abogado agregó que, pese al pedido de sobreseimiento presentado, la causa fue remitida a juicio.

Al ser consultado sobre las exigencias legales para que se configure la figura penal de trata de personas, el letrado remarcó: «Para que se dé el delito de trata tiene que haber retención de documentos o la prohibición de que las personas ingresen o salgan del lugar cuando quieran. Nada de eso ocurrió; todo lo contrario. Un informe del Ministerio de Justicia de la Nación dejó esto totalmente acreditado con 25 personas que manifestaron que estaban bien y que percibían un salario. Incluso la propia fiscala, ante la pregunta de uno de los jueces de Cámara, confirmó que la remuneración abonada estaba por encima de los convenios de la Uatre».

Respecto a la reducción del número de víctimas en la acusación —que pasó de 45 en los inicios de la causa a 20 en la etapa de juicio—, el abogado de la defensa cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal (MPF): «Primero, el delito se puede configurar con una sola persona, pero cuanto más víctimas hay se agrava la calificación. Aquí hubo una desprolijidad muy grande por parte de la Fiscalía: mezclaron los lotes de los campos y mezclaron a la gente. Por eso hicieron una acusación por 45 personas que no tenían nada que ver con la producción. Después lo fueron puliendo hasta quedar en estas 20 personas por las que se lo trae a juicio».