La norma obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para los salarios de docentes y no docentes, cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales, programas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y extensión en las universidades
Sebastián Hadida / Noticias Argentinas
Luego de que el Senado convirtiera en ley en la madrugada del viernes 13 de septiembre el proyecto sobre financiamiento universitario, el presidente Javier Milei confirmó que hará un veto total de la reforma.
Lo hizo al avalar en su cuenta de la red social X las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien denunció que la iniciativa votada por la oposición está viciada de “populismo legislativo”.
El jefe de Estado tiene plazo hasta este jueves 3 de octubre para vetar la ley. No es casualidad que los gremios universitarios hayan convocado a la Marcha Federal Universitaria para este miércoles por la tarde, que ya es masiva.
El epicentro fue en la Plaza de Congreso, pero la movilización se replicó en 50 ciudades del país, y además de gremios docentes y no docentes, centros de estudiantes, y ciudadanos independientes, participaron gremios de la CGT y la CTA, movimientos sociales y agrupaciones políticas que van desde la izquierda, el kirchnerismo, otros espacios del peronismo, un sector de la UCR y la Coalición Cívica, entre otras fuerzas.
La norma obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales, programas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y extensión en las universidades.
En cuanto a salarios, la iniciativa establece la obligatoriedad de recomponer lo perdido desde el 1 de enero de 2024 y luego actualizar hasta el 31 de diciembre de forma mensual de acuerdo a la variación de precios informada por el Indec.
Para el resto de los ítems se estipula una actualización bimestral.
La ley, de no vetarse, generaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Desde noviembre del 2023 los salarios docentes cayeron un 23,7% en términos reales, en tanto que la situación de los ingresos de investigadores y residentes es más grave y la caída oscila en torno al 40%.
Por otra parte, en los primeros ocho meses del año las transferencias a universidades cayeron un 30,1% contra el mismo período del año pasado, y además en lo que va del 2024 no hubo ejecución de partidas para gastos de capital.
Los gremios universitarias denuncian una caída drástica de sus ingresos reales de entre el 35 y el 55%, y por eso vienen de rechazar la propuesta de aumento adicional del 5,8% para octubre que hizo el Ministerio de Capital Humano.
El ministerio de Capital Humano inició una fuerte campaña de desacreditación de quienes impulsan la protesta e informaron a la opinión pública que un docente de dedicación exclusiva gana 1.400.000 pesos, mientras que un auxiliar no docente con antigüedad llega a un salario de un millón de pesos, bastante por encima de la canasta básica.
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