El concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, presentó un proyecto de ordenanza para generar una política pública que facilite el acceso a viviendas en alquiler a personas y familias con dificultades de acceso al alquiler formal o en riesgo de desalojo
La iniciativa plantea como oportunidad para una prueba piloto el inmueble de tres pisos y 27 departamentos ubicado en Buenos Aires 1063, decomisado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de una histórica causa de fraude inmobiliario.
“Por la ubicación estratégica del inmueble, en una zona de inmejorable conectividad y servicios, presenta una excelente oportunidad para implementar una prueba piloto de un régimen que priorice a personas y familias con dificultades para sostener un alquiler. El déficit habitacional de la ciudad no se ha podido resolver con el incremento de la superficie construida, cada vez se autorizan más desarrollos inmobiliarios pero ello no impacta en las posibilidades de acceso de los sectores de ingresos medios y bajos”, expresó el concejal Caruana.
El proyecto propone crear un Régimen de Alquiler Social en Rosario, destinado a facilitar el acceso a una vivienda digna mediante contratos formales de alquiler, con la intención de dar una respuesta a las crecientes dificultades que atraviesan los hogares para acceder y sostener una vivienda en el mercado formal.
“El acceso a una vivienda adecuada no puede quedar exclusivamente sujeto a las reglas del mercado. El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas que permitan garantizar el derecho a la vivienda y la permanencia de las familias en la ciudad” sostiene el edil del Frente Amplio por la Soberanía en los fundamentos de la iniciativa.
La propuesta sugiere que el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat sea la autoridad de aplicación y establece como uno de sus principales objetivos promover la utilización de inmuebles ociosos, decomisados, en situación de vacancia o subutilización.
Establece además, que el régimen deberá priorizar a personas y hogares con dificultades para acceder al mercado formal de alquiler, inquilinos en riesgo de desalojo, personas mayores, familias monoparentales, hogares con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en situación de especial vulnerabilidad habitacional. También contempla la creación de un sistema específico de garantías y mecanismos destinados a ampliar la oferta de viviendas en alquiler.
Por otra parte, plantea la conformación de una mesa de consulta permanente con la Universidad Nacional de Rosario, colegios profesionales, cooperativas de vivienda, organizaciones sociales y otros actores vinculados a la problemática habitacional.
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